Por incurrir en “negligencia grave” y mostrar un “desprecio total” por los derechos, la seguridad y el bienestar de los usuarios de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Alstom Transportation Inc., y Alstom Mexicana, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y CAF ya enfrentan una demanda civil en Estados Unidos interpuesta por familiares de pasajeros que fallecieron o que resultaron heridos en el colapso de un tramo elevado de esa línea la noche del 3 de mayo de 2021.
La demanda civil, cuya copia en exclusiva tiene Proceso, fue presentada ante la Suprema Corte del estado de Nueva York el pasado 8 de febrero, firmada por Jason C. Webster, de The Webster Law Firm; y Patrick J. Sheehan de Whatley Kallas, LLP. El primer despacho es especialista en defensa de víctimas de accidentes de construcción y asociado de la firma mexicana Carbino Legal, que representa legalmente en México a 24 víctimas de la tragedia, entre lesionadas y familiares de fallecidos.
Según el documento, las empresas señaladas incurrieron en “imprudencia”, “descuido” y “negligencia” durante su participación en el diseño, construcción y adquisición de trenes de la llamada Línea Dorada durante el sexenio de Marcelo Ebrard, actual canciller mexicano.
El resultado de esas omisiones, añade, fueron “deficiencias en el proceso constructivo” que provocaron –nueve años después– el colapso de una trabe localizada 200 metros antes de la estación Olivos en dirección a Tláhuac, a las 22:22 horas del 3 de mayo de 2021, hace casi un año. Ese hecho provocó la muerte de 26 personas y lesiones a otras 106. Es la tragedia más grande en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX.
La acusación está basada en las conclusiones preliminares del peritaje que presentó la empresa DNV México, filial de la noruega del mismo nombre, contratada tras el colapso por la administración capitalina por 26 millones 232 mil 240 pesos. Por cierto, a un año de la contratación, no se ha hecho público el último informe de la Causa-Raíz del hecho.
Ese estudio, recuerda la demanda, halló deficiencias en el proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión perno-viga, falta de pernos Nelson en las vigas que forman la unión del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta o losa, soldaduras incompletas y/o con mala ejecución y deficiencias en la supervisión y control dimensional en soldaduras.
Justicia en EU, sin corrupción ni política
Cristopher Estupiñán, integrante del despacho Carbino Legal, representante de 24 víctimas del colapso en la Línea 12, explica que la estrategia de defensa de las víctimas recurrió a la justicia de Estados Unidos, mediante el despacho socio en ese país, “porque allá las indemnizaciones son más justas y no van a tener un tema de influencia política y corrupción como lo tienen aquí, como se ha venido demostrando”.
En entrevista, detalla que la demanda comenzó a prepararse en octubre de 2021 y ahora está en la etapa de notificaciones. De hecho, adelanta, “ya hay acercamiento para buscar un acuerdo” con una de ellas, cuyo nombre se reserva. Luego vendrá la definición de competencias. Por lo pronto, adelanta que CAF USA ya dijo que “no tiene que ver con el caso, pues la involucrada es su filial en México”.
El litigante subraya que, a un año de la tragedia, sólo CICSA, de Carlos Slim, se ha acercado a las víctimas para llegar a un acuerdo reparatorio antes de que el problema crezca más. No obstante, enfatiza que “una de las negligencias mayores es de ICA, la cual ha sido encubierta por el gobierno de la Ciudad de México y por la Fiscalía (local)”. Por eso, “tendrán que responder en Estados Unidos, porque aquí la impunidad está prevaleciendo sobre la justicia y la verdad”.
Estupiñán considera que “no es posible que, a pesar de que existen dictámenes que señalan una negligencia en el diseño, no haya ninguna línea de investigación contra ICA, y que pretendan cerrar todo el caso con el acercamiento de Carso a las víctimas”. Por ello, no descarta la posibilidad de demandar a ICA también en México.
Lo que se busca con la demanda en el vecino país, resume, es “ser más justos y que no haya impunidad… que, por concepto de daños civiles, la sanción a las empresas sea superior a lo que ya ha habido. Hasta ahora no hay parámetro de referencia en Estados Unidos”.