¿Dentro de la compleja estructura de reclutamiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) qué lugar ocupa el Rancho Izaguirre?
—Era un centro de reclutamiento, de operaciones, de capacitación... conforme vayamos avanzando... ya tenemos otro campo, ese sí asegurado por nosotros (en la comunidad de La Vega) y estamos trabajando en ello. Esto nos va a ir dando un panorama completo de la cobertura territorial de ese cártel.
¿Nada más en Jalisco?
—Eso es lo que estamos haciendo en este momento, cualquier otra cosa la daremos (a conocer) de inmediato.
¿Para la FGR, Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, es un objetivo prioritario dentro de este caso?
—Eso me lo tengo que guardar, este, con secrecía mientras estamos operando, pero en cuanto podamos se los damos a conocer.
Las respuestas son del exfiscal general de la República Alejandro Gertz Manero en conferencia de prensa el 29 de abril del 2025, un mes después de que la FGR asumió las investigaciones del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán; desde entonces han pasado ocho meses y la FGR no ha dado a conocer el alcance y el tamaño de la estructura de reclutamiento forzado del CJNG.
Además, no ha realizado más operativos para rescatar víctimas de ningún otro predio, finca o campamento en la Región Valles y la zona serrana de Puerto Vallarta, donde diversos testimonios —algunos de ellos incluidos en distintas carpetas de investigación y sentencias desde 2016 y 2017— indican que operan más sitios de adiestramiento y exterminio, y mucho menos ha indicado si está tras la pista de El Sapo, señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el responsable de toda la estrategia y operación del grupo delictivo para conseguir nuevos reclutas.
En opinión de Joseph Irving Olid Aranda, abogado especialista en Derecho Penal, la magnitud del asunto no es correspondiente con la magnitud de los resultados de las autoridades en términos de justicia.
"Solamente hay una sentencia que consigue la fiscalía local (contra los 10 detenidos el 18 de septiembre del 2024 durante el operativo en que la Guardia Nacional entró al rancho); de hecho, cuando se hace el descubrimiento, digamos, mediático del rancho —el 5 de marzo con la entrada del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco—, ese asunto todavía estaba incluso en etapa intermedia, pero la Fiscalía y el Poder Judicial local aceleraron el proceso para que tuvieran una sentencia cuanto antes, algo que no pasa en la mayoría de los asuntos", señala.
Contra esos 10 detenidos —Lennin "N" o Kevin "N", David "N", Gustavo "N", Christopher "N", Juan "N", Óscar "N", Erick "N", Luis "N", Ricardo "N" y Armando "N"— hay otros procesos abiertos porque más víctimas los han señalado.
Aunado a estos detenidos, también se capturó a un presunto reclutador del cártel en la central camionera de Tlaquepaque; a tres policías de Tala, que enfrentan proceso por presuntamente haber entregado a una persona a los operadores del rancho; al exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por su presunta complicidad con el CJNG; a José Gregorio Lastra Hermida, presunto colaborador cercano de El Sapo, quien pese a estar preso ha logrado una suspensión del proceso en su contra, en tanto se resuelve el amparo que interpuso para tratar de evadir el juicio en su contra.
Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió una carpeta de investigación contra 12 funcionarios (peritos, agentes del Ministerio Público, policías investigadores y un directivo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses), pero no ha logrado judicializarla.
"No es que necesitemos una infinidad de sentencias, pero sí queda claro que el que solo tengamos una sentencia no es representativo de lo que ocurrió con el asunto", señala el especialista, quien incluso compara la forma en que reaccionaron las autoridades tras la presión social en este caso y en el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
"En términos mediáticos creo que no hay una comparación, pero si comparamos el asunto de Ayotzinapa y la investigación jurídica que se hizo inicialmente, con lo que se hizo en Teuchitlán, este caso se queda muy corto a pesar de que la magnitud del asunto, sobre todo porque hay más indicios.
"En Ayotzinapa el gran problema es que muchos indicios se pierden por la propia dinámica en la que ocurren los hechos, pero acá encuentras un sin número de indicios en el lugar y hasta el día de hoy no hay claridad de que se haya agotado toda la investigación", explica.