La tala de selva virgen para abrir paso al tramo 5 del Tren Maya seguirá detenida. Un juez federal ha ordenado la suspensión definitiva de las obras del ferrocarril entre Playa del Carmen y Tulum hasta que se resuelva el juicio, lo que podría tardar meses o incluso años. El magistrado confirma así su decisión de abril, cuando paralizó de forma provisional la construcción por la falta de permisos ambientales, y se inclina a favor del grupo de buzos que presentó una demanda contra el proyecto alegando que provocará un daño irreversible en el complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de la zona.
El principal argumento del juez Adrián Fernando Novelo es que las autoridades no cuentan con la autorización de impacto ambiental requerida para cualquier obra en el país. “Si bien la sociedad está interesada en el desarrollo de vías de comunicación, de igual manera lo está en que ello se desarrolle sin la afectación al medio ambiente y con base en la normativa que al respecto se prevé en el derecho mexicano”, dice el escrito publicado este lunes. El Gobierno se había escudado en un decreto de noviembre del año pasado que designó el proyecto como un asunto de “seguridad nacional” para sortear los trámites a los que debía someterse. Pero el juez Novelo ha ordenado que, pese al decreto, el Tren Maya debe respetar la ley. Fonatur, la autoridad encargada del proyecto, todavía puede apelar el fallo conocido este lunes.
BUSCA EVITAR DAÑOS
El escrito del juez también hace hincapié en el derecho humano a un medio ambiente sano, incluido en la Constitución mexicana. “De no concederse la suspensión”, dice el magistrado, “implicaría la tala de árboles, la destrucción de la flora y de las especies nativas, la perforación del suelo o cualquier otra consecuencia” al ecosistema del lugar, que no podría volver “a las condiciones que actualmente tiene” si el juicio llega a resolverse a favor de los demandantes. Por ello, el magistrado busca con esta medida “evitar daños inminentes e irreparables al medio ambiente”. El juez se basa en el principio de precaución, que implica que, “cuando haya peligro de daño grave o irreversible”, la Justicia deberá tomar las medidas necesarias para proteger al medio ambiente.
Vista aérea de la deforestación a la altura de Playa del Carmen.