El Centro Prodh y Fundar hicieron un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para garantizar un presupuesto mínimo destinado a la ayuda, atención y reparación integral de víctimas, derecho que —según señalaron— fue vulnerado tras la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) aprobada en noviembre de 2020.
El próximo 18 de noviembre, la SCJN discutirá un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, que podría restituir ese financiamiento fijo. Las organizaciones destacaron que esta decisión representa una oportunidad para restablecer la protección efectiva de miles de víctimas en el país, al exigir nuevamente un presupuesto etiquetado e irreductible para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
¿Qué ocurrió?Fundar y el Centro Prodh señalaron que la reforma de 2020 eliminó una conquista clave del movimiento de víctimas, afectando directamente la capacidad del Estado para ofrecer asistencia, protección y reparación integral. Recordaron que, en marzo de 2024, la Primera Sala de la SCJN resolvió por unanimidad el Amparo en Revisión 675/2022, en el que declaró regresiva e injustificada la eliminación de la garantía presupuestaria.
De acuerdo con ambas organizaciones, la CEAV ha dejado de recibir un promedio de 200 millones de pesos anuales desde la reforma, lo que limita de forma severa la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Añadieron que, para 2026, el proyecto de presupuesto contempla 692 millones de pesos, pero deberían destinarse al menos 913 millones para cumplir con el monto mínimo obligatorio previo a 2020.
¿Cuál es la respuesta de las organizaciones?Las organizaciones advirtieron que la decisión de la Corte será crucial para frenar la regresividad en los derechos de las víctimas en un contexto de violencia creciente y un Sistema Nacional de Víctimas debilitado. “La nueva SCJN tiene la responsabilidad de enviar un mensaje contundente poniendo al centro a las víctimas y garantizando la tutela plena de sus derechos humanos”, concluyeron.