CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la ampliación de la autorización vigente para obras de restauración ambiental en playas de Quintana Roo. Las agrupaciones advirtieron que los trabajos podrían realizarse sin la evaluación de un nuevo proyecto ejecutivo ni de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), como lo exige la ley.
El gobierno estatal pretende modificar la autorización emitida en 2009 para la rehabilitación de playas en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, incorporando ahora los tramos de Puerto Morelos. Según los colectivos, la ampliación afecta 33.5 kilómetros de litoral y no ha sido evaluada con estudios recientes de batimetría, dinámica costera ni volumetrías de arena.
Óscar Rébora, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, confirmó que están a la espera de la respuesta de la Semarnat, que podría resolverse durante el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, las organizaciones señalan que el proyecto no solo requiere nueva autorización, sino una MIA integral, regional y actualizada, considerando las condiciones actuales de los ecosistemas costeros.
Entre las asociaciones que firmaron el pronunciamiento se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y Healthy Reefs for Healthy People. Ellos señalaron que la decisión de Semarnat debe basarse en ciencia, legalidad y transparencia, y no en autorizaciones antiguas que no reflejan la situación ambiental actual.
Los colectivos recordaron que desde 2009 las costas del Caribe mexicano han sufrido cambios significativos, como aumento del nivel del mar, erosión acelerada, llegada masiva de sargazo y deterioro de los arrecifes del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Por ello, insistieron en que la ejecución de las obras sin una nueva MIA podría agravar la problemática y afectar especies como tortugas marinas, langostas, corales y aves costeras.
Además, advirtieron que la obra implica riesgos legales y administrativos, al no cumplir con los requisitos de participación ciudadana establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Acuerdo de Escazú, tratados que México ha firmado y que protegen el derecho a un medio ambiente sano.
Las ONG´s pidieron transparencia en la información, la aplicación de la mejor ciencia disponible y el cumplimiento estricto de la legislación ambiental vigente.
También exigieron que el proyecto considere mitigación de impactos, respeto a áreas naturales protegidas y un monitoreo constante para garantizar la protección del ecosistema costero y la biodiversidad del Caribe mexicano.