El Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) advierte que la Plataforma Única de Identidad y la CURP biométrica provocarán riesgos de confidencialidad y seguridad para el padrón electoral e impacto negativo en elecciones.
Esa instancia destaca que en la nueva legislación, aprobada por el Congreso, sí se obliga al organismo electoral a proporción al Gobierno federal información confidencial de 100 millones de ciudadanos sin reglas ni “límites”.
En el informe que presentó el RFE a consejeros y partidos, del que REFORMA tiene copia, advierte que se obliga al INE a proporcionar, incluso, el código fuente de soluciones tecnológicas y de cualquier programa, lo que resulta sumamente “riesgoso”.
Indica que la CURP provocará el desánimo ciudadano para tramitar la credencial, generando una desactualización del padrón electoral y, en consecuencia, menos participación en elecciones.
Lo anterior, argumenta, debido a que un amplio sector de la población tramita la credencial por ser una identificación oficial.
“La CURP podría desincentivar la inscripción al padrón electoral. La ciudadanía que no se registre en el padrón estará impedida para participar en los procesos electorales y, como efecto, podría aumentar el nivel de abstencionismo en las elecciones.
Podría generar un impacto en los diversos procesos electorales y de participación ciudadana al no contar con instrumentos registrales actualizados, lo que pudiera restar legitimidad en los resultados que se generen”, apunta.
En el documento de 23 páginas se explica que en la Ley sobre Desaparición Forzada se establece que toda autoridad que tenga a su cargo datos biométricos o de identificación de personas deberá permitir la “consulta inmediata”.
Sin embargo, advierte, la legislación tiene vacíos, pues no se establecen reglas para su acceso, no se requiere autorización previa ni señala responsabilidades administrativas o penales para quien haga uso indebido de la información.
Por ello, apunta, el INE deberá demandar al Gobierno definir alcances, salvaguardas y condiciones para tener acceso a su base de datos.
“La exigencia de un acceso irrestricto podría entrar en tensión con las disposiciones legales que establecen la confidencialidad de los datos personales que obran en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
“Esta disposición requeriría definir con claridad los límites, condiciones y mecanismos legales, así como los mecanismos tecnológicos, mediante los cuales el INE podría, o no, permitir dicho acceso, ya que se podría perder el control sobre qué persona o institución accederá a la información del Padrón Electoral que pudiera haberse incorporado a dicha plataforma”, señala.
Ello requerirá, insiste, de auditorías, trazabilidad de accesos, segmentación de datos para controlar quién y para qué se consulta la información.
Además, indica, habría afectaciones a derechos fundamentales, como garantizar la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, pues el modelo propuesto por el Gobierno no requiere autorización del ciudadano.
“Tal procesamiento se realizaría sin requerir necesariamente el consentimiento del titular ni una autorización judicial previa específica, lo cual podría traducirse en una intromisión desproporcionada en la esfera privada de las personas”, afirma.