Organismos civiles defensores de derechos humanos y de la infancia cuestionaron ayer la actuación de la Fiscalía General de Justicia y de la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, al anunciar la desarticulación de una "red de trata" que resultó no ser tal.
El 6 de julio, la Fiscalía -a cargo de Javier Flores- informó la desarticulación de una red de trata, luego de que Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, publicó videos denunciando la detección de unos niños haciendo malabares en la calle.
Luego, en un cateo fueron "asegurados" dos menores tzotziles y llevados a Capullos, porque los adultos que estaban con ellos no pudieron demostrar su parentesco.
Incluso, Rodríguez demandó que hubiera detenciones para "sentar un precedente".
"Ojalá que esta investigación se haga de Fiscalía a Fiscalía. De Fiscalía de Nuevo León con Fiscalía de Chiapas, para que puedan investigar cómo están reclutando a los niños, si están siendo secuestrados, o si los papás los están entregando a cambio de qué, si hay delitos sexuales de por medio", señaló en esa ocasión la titular de Amar a Nuevo León.
Pero casi un mes después, pruebas de ADN demostraron que los infantes sí eran hijos de esas personas.
"Vemos con preocupación los casos de separación familiar, ya que se están dando en diferentes regiones del país con mayor frecuencia. Consideramos que estas detenciones arbitrarias a la infancia proveniente de pueblos originarios de Chiapas, se dan en un contexto de discriminación y falta de protocolos de atención a la movilidad interna en el país", señaló la organización Melel Xojobal, que trabaja en defensa de los derechos de las infancias.
Ximena Peredo, ex Secretaria de Participación Ciudadana en el Estado, calificó la actuación de la Fiscalía como una vergüenza y una pifia.
"Qué vergüenza, de verdad. Qué improvisación de política y qué engaño, de estar buscando desarticular una red de trata cuando cometes este nivel de error", señaló Peredo.
"Siendo muy muy nobles, podríamos decir que es una pifia. Yo creo que fue el inicio de una prueba de buena voluntad (de la Fiscalía), de acompañar a la señora (Rodríguez) en su campaña. Quizás fue el inicio de una nueva relación".
Olga Susana Méndez, presidenta de la CEDH, pidió protocolos y capacitación para que las autoridades sepan cómo abordar a personas indígenas.
"Saber la forma de abordarlo, pero que esté debidamente regulada la actuación, para que no pase ésta situación que las personas tengan que separarse de niñas, niños y ya después realizar toda una investigación", indicó.