- MONTERREY, NL
Los legisladores habían reformado el artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y el Gobernador vetó esos ajustes.
Al rechazar el veto, en el dictamen aprobado con el voto de los Diputados locales del PAN y PRI, se argumentó que la Constitución federal establece como principios de la certeza jurídica la rapidez, la prontitud y la expeditez, como una garantía de la pronta resolución por parte de la autoridad hacia una petición del usuario y que por eso era necesario que la Sala Especializada pudiera auxiliar ante cargas de trabajo de las Salas Ordinarias.
"Al otorgar atribuciones a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas para que de manera extraordinaria pueda auxiliar en el desahogo de juicios contenciosos en materia de justicia administrativa competencia de las demás Salas Ordinarias, como una medida de eficiencia cuando las cargas de trabajo lo requieran, se logra dar cumplimiento al derecho humano establecido en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, el cual hace referencia a la justicia pronta y expedita", se establece en el dictamen.
"Se tienen por recibidas en tiempo y forma las observaciones realizadas al Decreto Número 350 de fecha 1 de marzo del 2023, que contiene reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, presentadas por Samuel García, Gobernador del Estado.
"La Legislatura 76, con fundamento en el artículo 90 de la Constitución de Nuevo León, no acepta las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo y en razón de ello, se confirma el Decreto Número 350 de fecha 1 de marzo del 2023, que contiene iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León".
En el debate del dictamen se planteó una reserva a los transitorios para establecer que sin el Ejecutivo no lo publica en el Periódico Oficial del Estado, se difundiría en la Gaceta Legislativa y entraría en vigor al día siguiente.
Ante ello, Iraís Reyes y Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano, dijeron que por tratarse de un dictamen para superar un veto, no podían hacerse reformas al decreto inicialmente aprobado, lo que llevó a un receso y a que, al considerarse válido el reclamo, se determinara retirar la reserva solicitada por el priista Jesús Aguilar.
Los Diputados locales emecistas se manifestaron en contra de la reforma por considerar que se busca tener injerencia, con fines partidistas, en los juicios ordinarios que se resuelven en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Sostuvieron que la Sala Especializada tiene asuntos específicos para resolver.