Propone invalidar parte del ‘plan B’

Considera que los legisladores aprobaron sin discutir las reformas electorales

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán ha elaborado un proyecto de sentencia en el que propone invalidar en su totalidad las reformas a dos leyes que forman parte del “plan B” electoral impulsado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto, que ha dado a conocer el portal Aristegui Noticias, señala que hubo violaciones graves al proceso legislativo por el que se aprobaron en el Congreso las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las primeras en ser impugnadas ante el Supremo por legisladores de la oposición, partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral (INE). El pleno de la Corte resolverá en pocos días el proyecto del ministro Pérez Dayán. Se requiere del voto de al menos ocho ministros para que el Supremo invalide las normas revisadas. Las otras cuatro reformas que integran el llamado “plan B”, y que también han sido impugnadas, son analizadas por otro ministro, Javier Laynez, que deberá hacer el proyecto correspondiente para proponerlo a sus colegas. Es previsible que este comparta el mismo razonamiento de las violaciones al proceso legislativo aducido por Pérez Dayán.

El “plan B” es un paquete de reformas a leyes secundarias impulsado por el Ejecutivo y que fue aprobado por la mayoría en el Congreso de Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, a pesar del férreo rechazo de las fuerzas políticas en el espectro de la oposición. Se le bautizó como “plan B” desde el oficialismo, porque fue una alternativa al proyecto original —el “plan A”—, consistente en una reforma constitucional de gran calado que proponía, entre otras cosas, remover a todos los integrantes del INE y el Tribunal Electoral y que los legisladores fueran elegidos mediante listas estatales. El oficialismo no pudo construir las mayorías calificadas que se requieren para las reformas constitucionales —se necesita del voto de dos terceras partes del Congreso— y optó por modificar leyes secundarias con su mayoría simple. Morena y sus aliados recurrieron a esa aplanadora legislativa para aprobar en cuestión de horas, sin someterlas a debate con la oposición, las iniciativas enviadas por López Obrador.

 

 
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