Privatización de suelos amenaza la selva de Yucatán

Un grupo de ejidatarios denuncia el proyecto, auspiciado por otros compañeros. Desde hace más de 20 años, la privatización de suelos comunitarios en la península es constante, acelerada ahora al calor de la construcción del Tren Maya

Enrique Hernández lo ha sido todo en esta vida y, ahora, a los 66 años, ve cómo la historia se complica y la paz con la que soñó en su retiro se le deshace en las manos. “Nos quieren quitar la tierra”, dice, incrédulo.

Golpes de carne hecho cuerpo, acorazado y a la vez fino, Hernández ha sido chiclero, langostero, peluquero… Dejó la pesca de langosta porque un día, hace más de 40 años, se le hinchó media cara en la profundidad del mar Caribe. Casi muere ahogado. Dejó la chiclería porque otro día, unos años más tarde, se cayó de un zapote de nueve metros mientras cosechaba salvia en la selva. La peluquería no la deja, un asunto sentimental: es de lo poco que le queda de su padre, uno de los peluqueros más célebres de la vieja Quintana Roo.

“Mi padre trajo la primera estación termoeléctrica a Leona Vicario”, cuenta el hombre, orgulloso. “¡Él trajo la luz!”, añade, “estaba muy bien conectado políticamente”. También consiguió entrar al ejido, algo quizá más importante, visto cómo ha aumentado el valor de la tierra en la península de Yucatán. Antes del cambio de siglo, el padre se integró al ejido Leona Vicario.

En aquella época, el ejido eran más de 60.000 hectáreas de selva, a 50 kilómetros de una pequeña colonia costera, la Benito Juárez. El hijo heredó pocos años después. Hoy, la pequeña colonia se ha convertido en Cancún y el ejido, en el escenario de una batalla por diferentes visiones sobre el futuro y el desarrollo.

Hernández tenía esperanzas en la tierra, quería vivir feliz en su retiro, pero ahora la tierra se ha convertido en un problema.

El hombre es parte de un grupo de ejidatarios de Leona Vicario que denuncia la última gran intentona de la industria inmobiliaria en Quintana Roo. Acusa que integrantes del mismo ejido, apoyados en empresarios foráneos, pretenden levantar una ciudad de 10.000 hectáreas en mitad de la selva, usando además terrenos ejidales adjudicados a él y otros compañeros. “Lo que quieren hacer es ilegal, no nos pueden despojar a nosotros”, dice Hernández.


Una excavadora arregla el camino de la futura ruta de las lagunas, en el ejido Leona Vicario, en Quintana Roo, el 11 de mayo de 2023.

El abogado Aarón Siller cuenta además que la legislación local y estatal debería contener el desarrollo en la zona, al menos en el caso de Ciudad Aurum. Leona Vicario pertenece al joven municipio de Puerto Morelos, que se desgajó de Cancún hace unos años.

Por su juventud, Puerto carece todavía de plan de ordenamiento ecológico y Leona Vicario debe regirse por el de Cancún. “El ordenamiento ecológico local de Cancún establece limites y unbrales de aprovechamiento. Y sin duda alguna, esa cantidad de hectáreas, con la población estimada, no lo permite el ordenamiento”, explica.

“Lo que creo que busca Puerto Morelos es crear su propio ordenamiento local, para autoasignarse grandes densidades de población, que no deberían ser, porque ponen en riesgo no solo ese lugar, sino también a Cancún. Mucha del agua qiue viene ahi es recargada en esa zona”, añade.

  • En plena selva, Santiago May señala una estaca clavada en el piso. “Hasta aquí llega mi terreno y el de mi esposa”, explica. El hombre cuenta que arribó al ejido en la década de 1990. “Yo compré entonces mi certificado. En esa época estaban muy baratos, un millón de pesos”, dice. “Ahorita valen 15, 20 millones”. Alrededor de un millón de dólares. May se casó con la hija de un ejidatario y, a su muerte, la mujer heredó. Entre los dos juntaron algo más de 200 hectáreas, terreno forestal, selva, cenotes y monos.

“Yo quiero hacer aquí un parque ecoturístico. Mi hija está por recibirse ya de abogada, pero ella se ha dedicado más a esto, a guía. Le gusta”, explica el hombre. “Y me dijo, ‘pa’, ayúdame y yo lo gestiono”, cuenta.

Cuando escuchó por primera vez en la asamblea, que el comisariado pretendía construir Ciudad Aurum justo encima de sus hectáreas, dijo, ‘bueno, al menos déjenme 10 hectáreas para mi proyecto”. Luego podría recuperar el resto de su terreno en otra parte del ejido. Pero le dijeron que si las quería, que las pagara: cuatro millones de pesos cada una. “Es un robo lo que nos quieren hacer, no son derechos”, critica.