CIUDAD DE MÉXICO.- El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa de reforma de ley para que el servicio social no sea requisito para obtener el título profesional y cuando se realice, las y los jóvenes obtengan una remuneración justa.
El legislador aseguró que los jóvenes que prestan su servicio social en México pueden enfrentarse a problemas de inseguridad que ponen en riesgo su vida o su integridad física, tales como acoso sexual, discriminación o presencia de crimen organizado en los lugares a los que se les envía.
En la exposición de motivos, la iniciativa da cuenta del caso de los estudiantes de medicina, cuyas últimas generaciones enfrentan riesgos mayúsculos, pues el 40% asegura no contar con los medios adecuados para referir enfermos graves de su comunidad o unidad a un hospital, uno de cada cuatro ha manifestado que su vida corrió peligro en algún momento, mientras que uno de cada diez señaló una tentativa de acoso o violencia sexual.
Pese al peligro que viven, al año son enviados cerca de 18 mil jóvenes a realizar su servicio social como médicos pasantes.
Las autoridades federales, estatales y municipales son omisas en la toma de decisiones para erradicar el problema; sin embargo, consideran que son hechos aislados.
Además, la iniciativa da cuenta de que en Yucatán, algunos de los estudiantes son enviados a comunidades lejanas en donde atienden a casi todos los habitantes, teniendo turnos de 24 horas, y aunado a la precaria situación, en la mayoría de los casos sólo reciben una beca de $100 pesos al día, subsidiando todos los gastos (alimentos, transporte, vivienda), a diferencia de algunos programas gubernamentales como el denominado "Jóvenes Construyendo el Futuro", donde se paga una beca superior a los seis mil pesos al mes.
Bajo tales circunstancias han existido casos de violencia, acoso y explotación laboral, entre otras situaciones que han llevado a que los futuros médicos presenten casos como ansiedad, depresión e inclusive han existido casos de suicidio.
- Por ello, la iniciativa busca eliminar el requisito de agotar la prestación del servicio social para poder titularse, con la posibilidad de que las y los jóvenes puedan hacerlo hasta 5 años después de haber concluido sus estudios, una vez que disminuyan los riesgos y desventajas a los que están expuestos con el actual modelo y por las condiciones de inseguridad que imperan en el país.