CIUDAD DE MÉXICO.- La generación Z, integrada por jóvenes de entre 13 y 28 años, se ha consolidado como un actor social diverso, crítico y marcado por la precariedad económica, la incertidumbre y la desconfianza política. En distintos países ha protagonizado movilizaciones que han incomodado a gobiernos y, en noviembre pasado, un movimiento identificado con esta generación logró presionar al Gobierno mexicano y colocarse durante semanas en la agenda pública.
La protesta surgió en redes sociales, impulsada por imágenes generadas con inteligencia artificial y símbolos de la animación japonesa One Piece, y cobró fuerza tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Ante el fenómeno, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde Palacio Nacional, donde descalificó el movimiento y sostuvo que detrás de las movilizaciones había una red internacional de desinformación, el uso de bots y el respaldo de actores empresariales.
Para la especialista en discurso político de la UNAM, Andrea Samaniego, la atención que el Gobierno dedicó al tema evidenció que se percibió como un riesgo real. Consideró que dedicar espacio constante en las conferencias matutinas contradijo la narrativa oficial de que se trataba de un movimiento marginal y sin impacto social.
La principal movilización se realizó el 15 de noviembre en el Zócalo capitalino, donde se congregaron alrededor de 17 mil personas y se registraron enfrentamientos con la policía, con un saldo de 120 heridos y 20 detenidos. Sin embargo, convocatorias posteriores tuvieron una participación notablemente menor, lo que especialistas atribuyen a la falta de demandas claras y a la dispersión de agendas dentro del movimiento.
Aunque el movimiento de la generación Z se encuentra actualmente en pausa, expertos advierten que persisten las condiciones que le dieron origen, como la precarización laboral, la falta de acceso a vivienda y la exposición al crimen organizado. Mientras esas problemáticas estructurales no sean atendidas, señalan, el descontento juvenil seguirá siendo un factor latente en la vida pública del país.