´Operación Safiro´: 7 años de impunidad

Ciudad de México

Se atribuye al político Carlos Castillo Peraza la afirmación de que "todos los mexicanos llevamos un priista dentro". Curiosamente, él no militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino en el entonces opositor Acción Nacional (PAN). Sus palabras eran un diagnóstico político. El PRI tuvo en el siglo pasado tal influencia en la vida pública que controló todas las instituciones y gobernó todos los rincones del país. Su poder fue rotundo. Dominó la política, pero también la cultura, el entretenimiento, los medios. El partido más antiguo de México tenía como proyecto moldear un país a su semejanza, con una población que profesara sus mismos valores, en una suerte de biopolítica, de gobernanza del espíritu. La corrupción, la transa, el chanchullo, la mordida, se normalizó desde el poder. No por nada, el último presidente priista, Enrique Peña Nieto (2012-2018), creía que la corrupción era un problema cultural. De hecho, el suyo fue uno de los sexenios más corruptos de la historia mexicana.

El priismo de Peña Nieto prometía una nueva forma de gobernar. Aparecieron nuevos cuadros, jóvenes egresados de universidades extranjeras, técnicos motivados por el know how (saber hacer las cosas) más que por las ideologías del siglo pasado. El PRI intentaba así conquistar de nuevo la confianza del votante mexicano, que echó al partido hegemónico de la presidencia en el 2000, tras siete décadas de mandato ininterrumpido (cosa muy distinta es decir que se acabó con el priismo). Peña Nieto, el político que devolvió al tricolor al poder en 2012, se rodeó de un grupo de asesores tecnócratas, gobernantes en los Estados y empresarios que dedicaron gran parte de sus esfuerzos a saquear las arcas públicas. Varios de esos colaboradores han sido encarcelados, otros son buscados por la justicia y unos más se han ido al exilio (el expresidente vive en España). El partido, en realidad, había renovado únicamente su apariencia, el peinado y la sonrisa.

Durante ese sexenio se elaboró y ejecutó uno de los más sofisticados mecanismos de desvío de recursos públicos y blanqueo, la Operación Safiro (nombrada deliberadamente con ´s´ y no con ´z´). Se trató de una acción concertada entre el Gobierno peñista y los gobiernos estatales en manos del PRI para extraer millones de pesos del erario, blanquearlos mediante una compleja red de empresas fantasma, y luego inyectarlos a las campañas electorales donde el partido intentaba retener el poder o arrebatarlo a sus adversarios. El mecanismo fue descubierto a finales de 2016 por la Fiscalía de Chihuahua, cuando el PAN sacó al tricolor de la gubernatura estatal. Tras siete años en los que la investigación fue objeto de una gigantesca disputa política y judicial emprendida por el PRI, que desde el primer momento intentó sofocar la indagatoria, el caso finalmente fue sepultado por la Suprema Corte de Justicia el pasado 11 de octubre.

Manifestantes frente al Palacio de Chihuahua exigen la renuncia de César Duarte.

Gracias a la ayuda del peñismo, La Coneja solo tuvo que purgar una sentencia en Chihuahua por los cuatro millones de pesos que entraron a las cuentas de su empresa Jet Combustibles. A estas alturas de la historia él ya es un hombre libre y sin deudas con la justicia. La mayoría de los exfuncionarios medianos que participaron en la operación de desvío ya han purgado sus penas. Incluso uno de los principales protagonistas del duartismo, Antonio Tarín, murió en abril pasado (se suicidó, según las autoridades estatales).

El exgobernador Duarte fue capturado y extraditado de EU en 2022. Está vinculado a proceso en Chihuahua por otros delitos de corrupción no relacionados con Safiro. El nuevo Gobierno estatal, encabezado por María Eugenia Maru Campos, del PAN, se ha convertido en el principal abogado de Duarte. La Fiscalía de Maru ha acusado al fiscal que encabezó la investigación de los desvíos en el duartismo de haber torturado psicológicamente a los imputados para que aceptaran las culpas e implicaran al exgobernador. Detrás de tal defensa de Duarte está el hecho de que ese mismo fiscal documentó sobornos del exmandatario a Maru cuando esta era una diputada local. Duarte ha promovido recursos para poder llevar su proceso en libertad, alegando motivos de salud. No hay nada que impida pensar que eso puede ocurrir.

Han pasado siete años desde que la Fiscalía de Corral inició la carpeta de investigación sobre la Operación Safiro, un expediente que prometía hacer caer, por fin, a los grandes perpetradores de la corrupción en México. El freno de mano que metió el Gobierno peñista a la indagatoria provocó su naufragio. Eso, y la colaboración transversal de funcionarios de todos los partidos y todo tipo de instituciones, de pequeños funcionarios a prominentes jueces.

El INE, que documentó el entrelazamiento entre la estructura priista y la red de blanqueo de dinero, decidió no sancionar al partido, por no tener la certeza de que los recursos efectivamente hayan beneficiado al PRI. El Tribunal Electoral validó esa resolución. Ningún partido, salvo Morena, protestó (el PAN y el PRD, que años antes alzaron la voz por los desvíos de Chihuahua, callaron ahora, pues son aliados electorales del PRI). El último clavo al ataúd lo puso la Suprema Corte. Es el ethos priista descrito por Castillo Peraza, el coletazo que prueba que el dinosaurio aún vive.