MÉXICO.- La discusión de la nueva Ley Nacional de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entró en una fase crítica en la Cámara de Diputados, mientras organizaciones campesinas mantienen la amenaza de reactivar los bloqueos en carreteras, casetas y aduanas si el oficialismo no cumple con los ajustes prometidos. La reforma, considerada prioritaria por el gobierno federal, busca ser aprobada en comisiones esta misma semana pese a las tensiones con los sectores agrícolas.
Los líderes campesinos han sostenido una negociación tensa con la Secretaría de Gobernación y con legisladores de Morena, PVEM y PT, quienes se han comprometido a incorporar cambios para resguardar los derechos de los productores. Sin embargo, entre los inconformes prevalece la duda, luego de que Sheinbaum advirtió que en el tema de la transferencia de concesiones de agua "no hay entrada a cambios", pues considera que esa disposición es la esencia de la ley.
El punto más sensible para los campesinos es la prohibición de transmitir concesiones de agua entre particulares. La iniciativa original establece que los títulos volverán al Estado para que la CONAGUA los reasigne, lo que, según los productores del campo, impide heredar o vender tierras con valor real, pues sin el permiso de uso del agua pierden su capacidad productiva. Aseguran que esto vulnera sus derechos y abre la puerta a abusos por parte de grandes empresas.
Aunque legisladores del oficialismo han incorporado ajustes al dictamen, estos no han sido suficientes para calmar por completo los ánimos. La propuesta modificada mantiene la eliminación de la transmisión entre particulares, pero permite conservar derechos de volumen, uso y plazo en herencias y ventas de tierra, además de plantear la regularización de pozos y títulos ya existentes. Los cambios prometen no aplicar de forma retroactiva en trámites en curso.
El dictamen también fortalece el rol de la CONAGUA, que tendrá la facultad exclusiva de analizar y autorizar la reasignación de volúmenes de agua. Este punto ha sido duramente criticado por organizaciones campesinas que consideran que la centralización del poder en la Federación limita la autonomía de los productores y de los gobiernos estatales para gestionar un recurso clave para la actividad agrícola.
Las mesas de trabajo instaladas la semana pasada entre legisladores y líderes del campo se han convertido en un espacio frágil, donde el Congreso enfrenta presiones encontradas: por un lado, la insistencia del Ejecutivo en no ceder en temas fundamentales; por el otro, la amenaza de organizaciones agrícolas que ya han paralizado vías estratégicas en más de 20 estados y que advierten pérdidas millonarias si reactivan los bloqueos.
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y diversas agrupaciones de transportistas reiteraron su advertencia: si el Gobierno no cumple lo prometido o intenta "engañarlos", retomarán las protestas "con más fuerza".
Mientras tanto, la Cámara de Diputados se prepara para discutir el dictamen en comisiones, en un clima que podría definir el futuro de la reforma hídrica y la estabilidad social en distintas regiones del país.