El historial de causas contra el PRI es un rosario cada vez más interminable. Desde el expediente abierto contra el actual presidente del partido, Alejandro Alito Moreno, por tráfico de influencias y desvío de fondos, hasta la encarcelación provisional de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, o la batalla judicial de Rosario Robles, la extitular de Desarrollo Social, que este mes cumple tres años en la cárcel.
El último episodio de la cruzada judicial contra la cúpula del anterior gobierno lo ha protagonizado la investigación anunciada esta semana contra el expresidente Enrique Peña Nieto por corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El pulso llega además en medio de la peor crisis de su historia. Con menos poder que nunca, el veterano partido mexicano se juega su futuro político en las urnas y en los tribunales.
En la otra esquina, la Fiscalía General de la República (FGR) ha pisado el acelerador en las últimas semanas y busca dejar atrás las críticas por la falta de resultados: no ha logrado aún ninguna condena contra un alto mando del gobierno anterior.
La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, anunció esta semana que tiene tres investigaciones abiertas contra “Enrique P”, un formalismo para evitar nombrar a Peña Nieto y cometer errores en el proceso judicial en contra del expresidente.
El primer caso incluye “diversas denuncias” que involucran a la empresa OHL, que ya lanzó un comunicado para desmarcarse de los señalamientos.
El segundo tiene que ver con las denuncias que ya había dado a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el brazo de la Secretaría de Hacienda contra los delitos fiscales, por lavado de dinero y transferencias irregulares en el extranjero.