Lejos ha quedado la imagen del ministro de la Suprema Corte ajeno a las influencias terrenales, retraído en su sala judicial, con el aire circunspecto tocado por la toga cuasi clerical. Al menos siete de los 11 integrantes del máximo tribunal de México han estado en el centro de acusaciones de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés. El señalamiento de plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa es solo el último episodio de una cadena de polémicas protagonizada por los funcionarios públicos más poderosos y mejor pagados del país.
En pocos días, la Corte iniciará el proceso para elegir a la persona que presidirá el máximo tribunal durante los próximos cuatro años. La gestión de Arturo Zaldívar, el presidente saliente, se ha caracterizado por resoluciones progresistas en cuanto al aborto y la prisión preventiva oficiosa, pero también ha estado marcada por los errores de quienes tienen el deber de vigilar el cumplimiento de la Constitución. La sombra del escándalo se ha cernido sobre la elección sucesoria.
Medina Mora, acusado de corrupciónEl 3 de octubre de 2019, el ministro Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia, arrastrando una acusación de corrupción. Nunca antes un ministro había dimitido de su cargo, para el que son designados por 15 años. El periodista Salvador García Soto dio a conocer el 5 de junio reportes de autoridades financieras de Reino Unido y Estados Unidos que detectaron transferencias millonarias a cuentas bancarias de Medina Mora en esos países. Según los documentos citados, el ministro –que fue designado en el cargo en marzo de 2015– recibió depósitos por 2,1 millones de dólares a EE UU entre 2016 y 2018, y por 2,3 millones de libras esterlinas en Reino Unido entre 2017 y 2019. Las transferencias, efectuadas cuando Medina Mora ya ejercía de ministro, sumaban alrededor de 102 millones de pesos y excedían por mucho sus ingresos como funcionario público.
La noticia de su detención, con la versión oficial de la Fiscalía, estalló dos días después. Laynez salió al paso de la polémica y negó que estuviera conduciendo borracho. “Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo”, dijo a través de una carta difundida en los medios oficiales de la Suprema Corte. El ministro dijo que no fue detenido en retén de alcoholímetro alguno y que nunca fue llevado ante un médico, ministerio público o juez que certificara su estado al conducir. También dijo que fue liberado luego de que sus familiares hicieron el pago —requerido “únicamente en efectivo”—, por el que no recibieron algún comprobante. “No tengo absolutamente nada que ocultar ni de qué avergonzarme”, concluyó el ministro Laynez.