Oaxaca.- Por omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones que le costaron la vida al periodista Gustavo Sánchez Cabrera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 121/2022 al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal General de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.
Meses antes de la agresión letal, el periodista había solicitado ser incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero los dictámenes para ello se emitieron de forma tardía y limitada.
En junio de 2021, el periodista Gustavo Sánchez Cabrera, fue asesinado a balazos en la comunidad de Morro Mazatán, perteneciente al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo de Oaxaca.
Sánchez Cabrera era reportero y editor de Nota Roja en el Istmo de Tehuantepec y en julio de 2020 ya había sobrevivido a un ataque armado en el que recibió un disparo de arma de fuego; sin embargo, las autoridades estatales y federales fueron negligentes en dar protección.
CONFIRMA OMISIONES
La recomendación destaca que la CNDH inició por oficio la integración del expediente de queja y con información oficial confirmó que hubo “omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de, al menos, quince personas servidoras públicas: once de ellas pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación; una persona más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH) del gobierno de ese estado; y tres de ellas adscritas a la Fiscalía de la entidad”.
Había denunciado agresiones
- Mencionó que la CNDH pudo documentar, también, que el periodista había sufrido y denunciado agresiones, amenazas y ataques los días 25 y 30 de abril, 13 de julio, 25 de octubre y 18 de noviembre de 2020; que había solicitado de forma reiterada la asignación de un chaleco antibalas y que se concretaran con premura los procedimientos de incorporación al citado mecanismo de protección”.
- “Esta Comisión Nacional pudo evidenciar que las autoridades señaladas contaban con información suficiente para advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la persona enfrentaba, ya que, aunado a los antecedentes de amenazas de secuestro y de muerte que el periodista había recibido por mensajes electrónicos, sufrió un atentado con arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital para atención médica, debido a las lesiones que le ocasionaron”.