El Pleno de Donceles aprobó reformas a la Constitución de la Ciudad que buscan sancionar toda actividad relacionada con los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Dicha modificación corresponde a la armonización con el Artículo 4 de la Carta Magna federal.
“De acuerdo con la información que arrojó la Encuesta Nacional de Salud Pública y Nutrición 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (...) se obtuvo que, del total de encuestados, los mayores consumidores de cigarrillos electrónicos son adolescentes”, detalló la morenista Valeria Cruz.
Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, criticó el carácter prohibicionista de la reforma, la cual deja fuera la posibilidad de una regulación e incluso el aprovechamiento de recursos, que pueden alcanzar hasta 7 mil millones de pesos.
“Más allá de la incongruencia, después de pregonar a la ciudadanía que estaba ‘prohibido prohibir’, este dictamen impulsado por la mayoría oficialista, además de ser contradictorio con sus principios, es un despropósito”, afirmó.
Urriza aseguró que sería más sencillo y efectivo regular su producción, ya que hasta el momento no han podido apagar su consumo y comercialización.
“Es mucho más importante y efectivo regular productos que de todas maneras van a ser consumidos para que cuenten con los mínimos estándares de calidad; hoy no se sabe que se consume en cada vapeador por la ausencia justamente en una regulación, también se renuncia a la posibilidad de verificar la producción”, indicó.