Corte IDH condena a México por el caso García Andrade

Acciones necesarias para combatir la violencia de género en México

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado mexicano en el caso García Andrade y otros vs. México, relacionado con la desaparición, tortura sexual y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un contexto de violencia de género e impunidad generalizada.

¿Qué determinó la Corte IDH sobre el caso García Andrade?

El tribunal internacional determinó que México incumplió con su deber de debida diligencia al no prevenir ni investigar adecuadamente la desaparición y el asesinato de la joven de 17 años, así como al no adoptar un enfoque de género en las acciones de búsqueda e investigación, lo que derivó en violaciones a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de la víctima.

Asimismo, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado por la falta de protección a Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, quien fue objeto de amenazas y atentados a raíz de su lucha por justicia, lo que vulneró su derecho a defender derechos humanos, así como sus garantías judiciales y de protección.

Impacto de la sentencia en la familia de Lilia Alejandra

La sentencia también reconoció las afectaciones a los derechos de los familiares de la víctima, incluidos sus padres y sus dos hijos menores, al considerar que sufrieron daños a su integridad personal, a la protección familiar, a la niñez y al derecho a la verdad, debido a la prolongada impunidad y a las deficiencias en el proceso judicial.

Acciones necesarias para combatir la violencia de género en México

Finalmente, la Corte IDH señaló que el Estado mexicano carecía de una estructura institucional y normativa adecuada para enfrentar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, por lo que no cumplió con su obligación de prevenir, sancionar y erradicar este tipo de delitos, y subrayó la necesidad de adoptar medidas reforzadas para garantizar justicia en casos de feminicidio y proteger a las víctimas y a sus defensoras.