La filtración masiva de correos del Ejército a la que ha tenido acceso EL PAÍS desvela una parte oscura de la institución pública más hermética de México. Este diario ha revisado más de 1.000 archivos donde se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, que la Secretaría ha registrado en estos años, pero que había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlo. Casos que no habían salido a la luz hasta ahora y que retratan el día a día de los cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos de sus miembros enviados a zonas rurales. La precaria y a veces nula respuesta de la institución lleva a que muchas de las víctimas soliciten un cambio de destino para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra ellas o sean directamente dadas de baja.
Los documentos hallados entre más de 4,1 millones de correos revelan también el conocimiento de la Secretaría de la Defensa (Sedena) de estas denuncias en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos de ellos han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se encuentran en proceso, y hay muchos a los que simplemente los trasladaron a otro destacamento. Algunos informes registran quejas de las denunciantes por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y acoso sexual. La Sedena fue consultada por este periódico sobre la información filtrada a partir del hackeo a sus servidores, y su respuesta fue un escueto “estamos investigando”.
Algunos casos escalaron y, después de sortear múltiples obstáculos, llegaron a los tribunales militares, donde las víctimas tuvieron que enfrentarse a sus abusadores, en algunos casos respaldados por altos mandos de la institución castrense. Es el caso de una soldado que tuvo que esperar dos años y medio y escuchar en numerosas audiencias a varios mandos del Ejército desmentir que un teniente y un subteniente hayan abusado sexualmente de ella en un clóset del Hospital Central Militar de Ciudad de México en julio de 2018. Después de ser sometida a numerosas evaluaciones, intentos de desacreditarla y de acallarla con dinero, consiguió que les condenaran a la pena mínima, seis años de cárcel y 5.300 pesos de multa, unos 260 dólares. Una larga pesadilla para volverse en uno de los pocos casos de éxito de justicia contra los abusos sexuales dentro del Ejército.