CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa metalúrgica Zinc Nacional, S.A., cuya planta en la zona metropolitana de Monterrey fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el mes pasado, deberá retirar el material contaminante que mantiene en su “patio de chatarra”, como parte de las medidas de urgente aplicación que le fueron impuestas.
La dependencia federal recordó que durante la inspección realizada del 17 al 24 de enero en las instalaciones de la empresa se detectó la presencia de óxido de zinc sobre el suelo natural y otras violaciones a la normatividad ambiental.
El óxido de zinc, detalló en un comunicado, deberá ser almacenado en un lugar que cumpla con las condiciones de seguridad y manejo adecuadas; debe ser un sitio seco, sin exposición al sol, al calor y a sustancias incompatibles.
El “patio de chatarra”, afirmó, fue clausurado, lo que significa que no pueden ingresar más materiales a ese espacio.
Las únicas actividades permitidas en este lugar son las relacionadas con el control, limpieza y retiro del producto, aclaró.
La empresa deberá presentar un programa de muestreo para caracterizar el sitio donde está el óxido de zinc sobre el suelo natural sin protección, y poner a consideración de la autoridad regulatoria si los patios de almacenamiento de materia y las emisiones de vapor de agua de los hornos y lavadores deben ser considerados como puntos de generación de contaminación.
Entre las medidas impuestas a Zinc Nacional, agregó la Profepa, están también la actualización de su Licencia Ambiental Única, en la que estén incluidos los equipos clausurados el pasado 17 de enero.
Para acreditar el cumplimiento de las medidas urgentes, explicó la dependencia, la empresa deberá presentar evidencia técnica-documental.
En tanto, se seguirá con el procedimiento administrativo hasta que se verifique que hay un total cumplimiento integral de las normativas ambientales aplicables.
“Desde la Profepa estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que el sector industrial cumpla con sus obligaciones ambientales y de que sus actividades no generen daños al ambiente. Vamos a ser muy exhaustivos en nuestras inspecciones para tener elementos suficientes y garantizar el acceso a la justicia ambiental en nuestro país”, afirmó la Procuradora Mariana Boy Tamborrell.