Ciudad de México
Son las 22.30 de la noche del 26 de septiembre de 2014. En Iguala, uno de los municipios más importantes del Estado de Guerrero, en el centro de México, una hidra criminal despliega sus largos cuellos, sus cabezas dentadas. Ve una amenaza y embiste con una fuerza bélica, salvaje. Enfrente, un grupo de unos 100 estudiantes trata de protegerse. El contingente, parte de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que funciona desde hace casi 100 años, ha llegado a la ciudad a buscar autobuses. La semana que viene, normalistas de todo el país saldrán de Ayotzinapa a Ciudad de México, a conmemorar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Necesitan autobuses y, como han hecho antes, se llevarán algunos por la fuerza. Luego los devolverán. Pero la misión concluye casi antes de empezar.
Esas horas de oscuridad siguen siendo hoy un misterio. ¿Qué ocurre a los muchachos? ¿Por qué les atacan? Tanto el móvil de la embestida como el destino de 43 de los 100 normalistas siguen envueltos en tinieblas. Los investigadores manejan una miriada de hipótesis. Hoy saben ya que hubo implicadas más de 400 personas, por acción u omisión. Han podido reconstruir parte del periplo de muchas de ellas. Pero no hay forma de encontrar a los 43: en estos años solo han aparecido restos de tres en diferentes puntos de la geografía. El espacio, físico y temporal, entre los hallazgos y el mismo ataque encarna la oscuridad que rodea al caso.
Las búsquedas hasta julio ascienden a más de 130. Eso solo en estos años, con Andrés Manuel Lópz Obrador al frente del Gobierno. A las 130 habría que sumar las que se hicieron en los primeros años, en 2014 y 2015. Aún hoy, la Fiscalía aguarda el análisis de restos humanos encontrados estos meses. Esta misma semana, el Gobierno informó de que piensa mandar a la Universidad de Innsbruck, en Austria, restos encontrados en un paraje al sur de Iguala. Desesperados, con poco tiempo antes de que acabe el sexenio, los investigadores preparan igualmente huesos viejos, encontrados en los primeros años, para mandar también a laboratorio austriaco.
Plantón sobre la Avenida Conscripto, donde se encuentran las instalaciones del Campo Militar No.1
Ese encontronazo entre el GIEI y la COVAJ acabó con la partición del primer grupo, que se quedó con dos de sus cuatro integrantes. Decepcionados por el movimiento de la COVAJ, entre otras situaciones, decidieron abandonar. Esas otras situaciones no eran sino las presiones que sufría el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, para mover las investigaciones al antojo de su jefe, el fiscal general, Alejandro Gertz, y el presidente López Obrador. El mandatario y Gertz presionaron para acelerar la consignación de las acusaciones contra Murillo Karam ante el juez. Gómez Trejo pidió algo de tiempo para llegar preparado al juzgado, pero Gertz intervino la UEILCA y dejó el caso en manos de otros fiscales.
Al mismo tiempo, Gómez Trejo, presionado para presentar más acusaciones ante el juez, en particular contra personas que señalaba el primer informe de la COVAJ, presentó al juzgado un documento en el que exponía su tesis del caso y pedía la detención de 83 personas, muchas de ellas militares. Gertz vio que las órdenes de detención pedidas trascendían el alcance del informe de la COVAJ. Irritado, pidió cancelar 21 de las órdenes de detención, 16 de las 21 contra militares.
La cancelación de las órdenes y las tiranteces por el caso Murillo forzaron la renuncia de Gómez Trejo, que salió del país poco después. Gertz nombró entonces a un viejo conocido de López Obrador al frente de la UEILCA, Rosendo Gómez Piedra. En el año y pocos meses que han pasado, Gómez Piedra ha reactivado buena parte de las órdenes canceladas el año pasado. El argumento ha sido que la calidad de los documentos presentados al juzgado el año pasado era mala y que, en este tiempo, él y sus subordinados los mejoraron.
En su último año de trabajo, el GIEI se centró en profundizar su conocimiento sobre el archivo del Ejército. El grupo, ya integrado únicamente por Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, buscaba documentos de espionaje como los mencionados en el primer apartado de este artículo, las conversaciones de El Gil y El Cholo Palacios con policías. La lógica era irreprochable: si el Ejército monitoreaba las comunicaciones de cuatro personas vinculadas a la hidra de Guerreros Unidos, en la época del ataque, seguro debía haber más conversaciones intervenidas. ¿Qué podrían decir del destino de los estudiantes?
La búsqueda arrojó documentos que probaban su tesis. Los expertos encontraron papeles incluso que señalaban que las dos conversaciones originales, halladas por la COVAJ años antes en un archivo de inteligencia castrense, eran en realidad más largas. Pero por muchas peticiones que mandaron a la Secretaría de la Defensa, por más que insistieron a López Obrador, no han aparecido más documentos. Lo que es peor, el Ejército niega siquiera su existencia.
El noveno aniversario del caso llegaba esta semana con los documentos de espionaje del Ejército en mitad de la discusión. Las familias de los 43 exigen a la corporación que entregue la información faltante, cifrada en cientos de documentos. El GIEI, que dejó el caso en julio, insiste en que la información existe. El grupo consiguió incluso que un militar, conocedor del centro de espionaje en Iguala, denunciara que el Ejército había movido los documentos requeridos para evitar que los grupos de investigación los encontraran.
La cuestión es por qué. El GIEI ha sugerido estos años que el Ejército se encuentra aquí ante una encrucijada. Cientos de mensajes interceptados por la DEA a la red de Guerreros Unidos al norte del río Bravo, en la época del ataque, prueban la colusión de militares con el grupo criminal. Esos mensajes ya forman parte de la indagatoria de la UEILCA y han permitido, junto a otras pruebas, procesar a militares, entre ellos los comandantes de los dos cuarteles de Iguala, dos generales.
¿Acaso el espionaje del Ejército permite profundizar en esta colusión entre militares y criminales? Es una posibilidad. La segunda es la clandestinidad del centro de inteligencia de Iguala, conocido oficialmente como Centro Regional de Fusión de Inteligencia, región centro. En teoría, el Ejército no puede intervenir comunicaciones de civiles, menos sin que un juez lo haya permitido. Entregar documentos que prueben que sí lo hacía, más allá de los dos que ya se conocen, podría traer consecuencias legales a los operadores y sus mandos.
Estos días, también, la COVAJ ha presentado al público su segundo informe, ampliación del primero. Las familias supieron de su contenido por boca de Alejandro Encinas, responsable de la comisión, en una reunión el martes 19 de septiembre. Al día siguiente, las familias se reunieron con López Obrador y trasladaron de nuevo su molestia con el Ejército, por ignorar sus peticiones acerca de la documentación de espionaje. Las partes quedaron en verse el lunes de nuevo, aunque el presidente dijo que esos documentos, como dice el Ejército, no existen.
El lunes, las cosas cambiaron. Encinas leyó un resumen de su informe, intervenido, como él mismo dijo el miércoles, por el propio López Obrador, que pidió "incorporar unos párrafos". Esos párrafos añadían algunas de las capturas de pantalla del primer informe, desechadas por el peritaje del GIEI, y destacaban algunos pasajes del documento original que, a sentir de las familias, criminalizaba a los 43. Este resumen intervenido, decían, daba a entender que los estudiantes estaban infiltrados por grupos criminales contrarios a Guerreros Unidos. A las familes les incomoda este argumento porque, más allá de que nunca se ha probado, da pie a argumentar que el ataque estaba justificado
Las familias instalaron un plantón en la puerta del Campo Militar Número uno, en Ciudad de México, en protesta por la falta de colaboración militar, y luego, también, por la aparición de este resumen intervenido. El miércoles, Encinas presentó su informe en sociedad y volvió a la senda de la reunión del 19 de septiembre. Las familias entendieron que era un buen gesto y evitaron una ruptura definitiva con el Gobierno. Asumen que la COVAJ insistirá en el asunto de los documentos de espionaje castrense.
El jueves, las familias convocaron a la prensa frente a la puerta del campo militar, llena para entonces de afiches y carteles de los 43. "Tenemos a la resistencia justo atrás de nosotros", dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, uno de los 43 desaparecidos. Se refería a la Secretaría de la Defensa. "No vamos a dar un paso atrás. Vamos a dar la vida. Es inaceptable que se siga administrando la verdad", dijo.