Al margen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la jerarquía católica ya empieza a implementar los llamados Conversatorios por la Paz, espacios de reflexión donde distintas “comunidades” del país plantearán sus problemas relacionados con la violencia provocada por el crimen organizado, y los cuales constituyen un paso más en el ambicioso proceso de pacificación impulsado por la Iglesia, a raíz del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara.
Organizados por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Compañía de Jesús y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (Cirm), estos conversatorios concluirán a mediados del próximo año con un encuentro nacional donde participará no sólo gente de la Iglesia sino también actores políticos, organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios y otros sectores de la sociedad.
Se prevé que para entonces haya propuestas concretas de la sociedad civil para alcanzar la paz, ante el fracaso de la estrategia militarista de seguridad emprendida por López Obrador, quien se negó rotundamente a cambiarla, como se lo pidieron los obispos mexicanos.
El sacerdote Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio Nacional de la CEM y miembro del equipo coordinador de los Conversatorios por la Paz, comenta: “Los conversatorios serán una reflexión de las propias comunidades para identificar qué problemas concretos tienen en su entorno cercano, ahí mismo donde viven. Algunas podrán detectar el trafico de drogas, otras el consumo, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso o la cooptación de los jóvenes y adolescentes por parte del crimen organizado. Cada una tiene sus particularidades.
“La intención es tomar conciencia de que las cosas no están funcionando… y de que el gobierno, cuya responsabilidad constitucional es dar seguridad a la población, no está cumpliendo con su tarea. Pero los ciudadanos también tenemos responsabilidad. Por ello, estos conversatorios también buscan identificar cuáles son nuestros compromisos, para no conformarnos con contemplar lo que sucede, sino planear acciones para cambiar la situación.”
Exrector de la Universidad Pontificia de México, Flores Ramos indica que, por lo pronto, la Iglesia pondrá a disposición sus parroquias, escuelas, universidades y otros espacios, para que ahí se realicen los Conversatorios por la Paz, donde cualquier ciudadano puede participar en esos diálogos, anunciados el pasado miércoles 21 de septiembre, Día Internacional por la Paz.
Y aclara: “No se trata de un diálogo con el actual gobierno, pues ya sabemos que éste en ningún momento ha abierto sus puertas para dialogar, más bien ha mantenido un monólogo y una reducida capacidad para analizar las cosas. De ahí que ahora, ante la situación de violencia que vive México, la Iglesia decida levantar la voz e impulsar esta reflexión desde los barrios y las comunidades para mejorar la situación del país”.
En pos de nuevas herramientas
El objetivo y la metodología de estos diálogos están plasmados en el documento Conversatorios por la Paz; un camino hacia el encuentro nacional de justicia para la paz, elaborado por la CEM, la Cirm y la Compañía de Jesús. Ahí se especifica que esos conversatorios se darán solamente “en el ámbito local para recuperar la sabiduría de la ciudadanía en los temas de paz, justicia y seguridad”.
Zárate. No solo oraciones. Foto: Especial
Agrega: “Todos sabemos que la Guardia Nacional, creada por este gobierno, no es la policía que se requiere ni está capacitada para convivir con los ciudadanos. Sabemos que son militares vistiendo un uniforme distinto. Es una fuerza del Estado que aquí y allá está reprimiendo”.
Pese a todo esto, se lamenta Flores Ramos, “el gobierno actual ya nos ha manifestado de mil maneras que no sabe escuchar y que no va a cambiar. Cuando la Iglesia le solicitó que revisara su estrategia de seguridad, su respuesta fue insultar a los obispos, llamándolos hipócritas y conservadores. Pero nosotros no vamos a enfrentarnos a este gobierno, ¡no! ¡no! El espíritu de la Iglesia no es de enfrentamiento ni de descalificación”.
–Sin embargo, para lograr la pacificación se requiere combatir a la delincuencia organizada con la fuerza del Estado. Es inevitable el uso de la fuerza y, por tanto, de la colaboración del gobierno federal, del gobierno de López Obrador, en un proceso de pacificación.
–Sí, el gobierno federal forma parte del Estado, y necesita emplear la fuerza para poner orden y hacer respetar la legalidad. Pero tampoco debemos olvidar que es obligación del actual gobierno darle seguridad a la población, pero hasta ahora ha sido incapaz de desterrar la violencia criminal, al igual que los gobiernos estatales y municipales. No hay, pues, una respuesta institucional a la descomposición tan grande que estamos viviendo.
“Mire, el proceso de pacificación que hoy impulsamos es un proceso a largo plazo, no es algo inmediatista. De manera que va más allá del actual gobierno, que sigue empecinado en su monólogo. Por eso nosotros ya estamos pensando en los nuevos actores políticos: desde nuevo presidente de la República, hasta nuevos gobernadores, senadores, diputados y demás. Así como no nos dimos cuenta cómo llegamos a esta situación de violencia, tampoco sabemos cómo saldremos de ella. Debemos encontrar juntos una salida.”
Por lo que respecta a la Iglesia, recalca que pone a disposición de la sociedad su infraestructura y su experiencia en labores de paz, como los llamados Centros de Escucha, espacios eclesiásticos donde se atiende a las víctimas de la violencia, o el proyecto Jesuitas por la Paz, centrado en la reconstrucción del tejido social de comunidades afectadas por la violencia (Proceso 2219).
Y el proceso de pacificación que hoy se empuja –reconoce– es “una propuesta muy ambiciosa y con un gran idealismo”, por lo que su futuro resulta incierto. “En un proceso como éste no todo está asegurado. Pero por lo menos ya hay un camino que se propone y una meta a alcanzar”, concluye.