Tras la polémica liberación de Israel Vallarta Cisneros, absuelto de la acusación de ser parte de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, la Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo la capacidad, en casi 20 años, de aportar pruebas, datos, medios para acreditar su culpabilidad, reprochó el penalista César Gutiérrez Priego.
“La liberación de Vallarta causa polémica, algunos a favor y otro en contra; es tan difícil entender que 19 años y 8 meses tuvieron que pasar para que se dictara una sentencia en primera instancia y no tuvo la capacidad de aportar pruebas, datos, medios para acreditar su culpabilidad”, criticó el abogado en su cuenta de X.
“Para quienes no están de acuerdo, (que) reclamen a la extinta PGR y a la FGR que no tuvo la capacidad de aportar pruebas, datos, medios para acreditar su culpabilidad”.
Indicó que se debe reclamar además a Genaro García Luna, por abuso de poder; a Luis Cárdenas Palomino, por tortura; a Carlos Loret de Mola, por los montajes; a Vicente Fox y Felipe Calderón, por el uso de poder indiscriminado, y a Isabel Miranda de Wallace, por ser la vocera del caso.
“Culpen al sistema judicial mexicano y al de procuración de justicia, pero no justifiquen casi 20 años para que se dicte una sentencia, eso es la aberración jurídica más grande de todas. ¿Justicia? Siempre he pensado que la justicia, que no es pronta y expedita, no es justicia, simplemente aplicación de la ley”, opinó el especialista.
Lamentó que Vallarta haya tenido que esperar cerca de 12 años más, después de que su ex pareja sentimental, la francesa Florence Cassez, fuera liberada en 2013, luego de que la Corte estableció que el montaje televisivo de su captura ocasionó un efecto corruptor en el debido proceso.
“¿Por qué tuvo que esperar un ciudadano mexicano poco más de 12 años para que se pudiera emitir una resolución en primera instancia, donde una jueza federal del Estado de México acaba de concederle absoluta libertad, porque consideró que la extinta PGR y Fiscalía General de la República no habían ofrecido las pruebas suficientes para demostrar los delitos que se le imputaban, que iban desde privación legal de la libertad de uso, moralidad de secuestro, delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, etc”, cuestionó Gutiérrez.
“¿Qué es lo trascendente e inimportante aquí? Que no podríamos seguir manteniendo un sistema judicial en donde un ciudadano mexicano pase cerca de 20 años en prisión preventiva por delitos que se le imputaron, que ahora determinó un juzgado federal que las pruebas por las cuales a él se le había vinculado a proceso en su momento dictado un auto de forma al prisión no demostraban el hecho que le están imputando”.