Cuatro años después de las protestas estudiantiles contra el presidente Daniel Ortega, el gobierno nicaragüense ha ocupado una docena de universidades privadas para cerrarlas o ponerlas bajo el control del Estado a fin de minimizar la posibilidad de que se repita una rebelión.
Los estudiantes que participaron en las protestas de abril de 2018 vieron interrumpidas sus carreras. Muchos tuvieron que esconderse o exiliarse ante la represión policial que envió a otros a la cárcel. Pero los que lograron reanudar sus estudios temen no poder terminarlos o conseguir trabajo, porque las universidades ahora bajo control estatal no les dan sus diplomas.
La ocupación de las universidades privadas y la aprobación de una reforma educativa que incrementa el control estatal son los ejemplos más recientes de la persecución implacable contra quienes, según Ortega, conspiraron para derrocar a su gobierno.
“En abril de 2018 el régimen llevó la represión a límites nunca vistos en los últimos años”, dijo a The Associated Press Ernesto Medina, quien fue rector de la privada Universidad Americana de Managua (UAM) durante 11 años hasta fines de 2018 y ahora está exiliado en Alemania. “Ahí nos dimos cuenta de que Ortega no iba a detenerse hasta castigar a las universidades y a los estudiantes”, agregó.
AP solicitó declaraciones sobre el tema a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es vocera del gobierno, pero no recibió respuesta.
En 2018 los estudiantes mantuvieron ocupada durante semanas la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) en Managua por temor a ser asesinados si salían a la calle. Hubo frecuentes escaramuzas con la policía y elementos de la Juventud Sandinista. Los jóvenes atendían a sus heridos mientras intentaban coordinarse con los alumnos de otras universidades.