La Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados de la ONU expresó el viernes su preocupación ante lo que considera acciones del gobierno que buscarían “desacreditar” y presionar la labor del Poder Judicial en Ecuador, días después de una marcha impulsada por el presidente Daniel Noboa para rechazar varios fallos judiciales.
“Cuando altos funcionarios califican a los jueces de ‘enemigos de la ciudadanía’, por cumplir con su función, se pone en peligro la independencia del Poder Judicial”, advirtió la relatora Margaret Satterthwaite, en un comunicado divulgado por el organismo.
Aludió a recientes declaraciones de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, luego de que la Corte Constitucional suspendiera temporalmente la aplicación de 24 artículos de tres leyes aprobadas en la Asamblea, de mayoría oficialista, que según el gobierno buscan combatir a organizaciones criminales en un país agobiado por la violencia.
“Cuando la Corte Constitucional se olvida de las víctimas, se olvida de la ciudadanía, entonces para nosotros no es un enemigo político, pasa a ser un enemigo de la ciudadanía”, señaló la ministra Rovira tras la suspensión de los artículos y previo a la marcha que convocó Noboa.
La marcha, que fue masiva, llegó hasta el alto tribunal, donde Noboa arremetió contra los magistrados y a quienes hizo una advertencia: “no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”.
Noboa es un multimillonario que asumió en mayo su segundo mandato y ha logrado reunir una mayoría en la legislatura para aprobar sus iniciativas de gobierno.
Los señalamientos de los altos funcionarios del gobierno contra la Corte, subraya Satterthwaite, influencian en la percepción de la ciudadanía sobre el Poder Judicial y “socava” su independencia.
La relatora llamó a las autoridades ecuatorianas a garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte y a proteger a los magistrados “de amenazas, represalias y difamación pública”.
Esta semana aparecieron los rostros de los magistrados en gigantescas vallas colocadas en las inmediaciones del edificio del alto tribunal con el texto: “Estos son los jueces que nos están robando La Paz”.
Al respecto, la relatora de la ONU, dijo que “me alarma la presencia de vallas publicitarias y pancartas que difunden información errónea y estigmatizan la labor de los jueces y juezas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también había expresado su preocupación “por actos y discursos que pueden amenazar la labor independiente de Juezas y Jueces”, señaló un comunicado divulgado tras la marcha.
En tanto, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rigths Watch, calificó de “inaceptables” lo que consideró como “ataques a los jueces” y a la independencia judicial.
La Corte Constitucional dispuso la suspensión temporal de artículos como el de la Ley de Inteligencia que ordena a las operadoras telefónicas a entregar información de usuarios para acciones de inteligencia y contrainteligencia o la posibilidad de interceptar comunicaciones o documentación.
También suspendió un artículo de la llamada Ley de Solidaridad que establece el indulto presidencial diferido a favor de policías y militares en el marco del conflicto armado interno decretado por el gobierno en enero de 2024.
La suspensión temporal de estos artículos forma parte del trámite que sigue la Corte tras las demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales y gremiales