La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en una red de contratos direccionados que operaba dentro de varias entidades del gobierno colombiano. De acuerdo con la investigación, ambos habrían intervenido para facilitar acuerdos políticos a través de proyectos financiados con recursos públicos.
Detalles sobre la imputación de Bonilla y VelascoSegún la fiscalía, la estructura habría funcionado mediante la asignación estratégica de contratos de infraestructura, adquisición de bienes y programas de gestión de riesgos a congresistas que ofrecieran apoyo legislativo al gobierno. Las autoridades sostienen que existían reuniones y comunicaciones directas destinadas a coordinar estos acuerdos, lo que podría configurar delitos como cohecho y concierto para delinquir.
Reacciones de los exministros ante los señalamientosDurante la audiencia, Bonilla y Velasco rechazaron los señalamientos y aseguraron que nunca participaron en negociaciones ilegales. Sus defensas insistieron en que las decisiones administrativas relacionadas con proyectos y recursos seguían los procedimientos institucionales y respondían a prioridades nacionales, no a intercambios políticos.
Impacto de la red de contratos en el gobierno colombianoEl caso involucra también a exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como a antiguos presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. La fiscalía sostiene que esta red habría operado durante meses, beneficiándose de vacíos administrativos y aprovechando la alta demanda de recursos para infraestructura en regiones vulnerables.