Días antes de la operación militar de Estados Unidos que sacó del poder a Nicolás Maduro en Venezuela, los abogados del gobierno del presidente Donald Trump respaldaron la acción al afirmar que "no alcanzaría el nivel de una guerra en el sentido constitucional" y serviría a "importantes intereses nacionales", según una opinión legal que articula una visión robusta del poder presidencial.
La versión fuertemente censurada del dictamen de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, publicada esta semana, arroja nueva luz sobre cómo el gobierno llegó a la conclusión de que estaba legalmente autorizado para destituir a Maduro como presidente de Venezuela, medida efectuada en una sorprendente operación militar nocturna el 3 de enero.
La opinión, fechada el 23 de diciembre, fue preparada para el asesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El documento de 22 páginas fue redactado por abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica, que suele ser convocada para resolver cuestiones legales complejas para el poder ejecutivo.
¿Qué justifica la operación militar contra Maduro?En este caso, el dictamen aborda la cuestión de si Trump podría ordenarle al ejército que ayudara a las fuerzas del orden a quitar a Maduro del poder para que pudiera enfrentar un proceso penal en Estados Unidos.
La respuesta, según el dictamen, fue afirmativa. Citó cinco razones distintas, incluyendo lo que dijo eran acusaciones "graves" contra Maduro contenidas en una acusación por conspiración de narcotráfico; las "numerosas otras actividades altamente peligrosas" en las que él y sus asociados supuestamente estaban involucrados; la posible necesidad del uso de la fuerza militar para proteger a civiles en Venezuela y en el extranjero; y el potencial de que el personal estadounidense encontrara "resistencia armada" protegiendo al mandatario sudamericano.
"Aquí se nos dijo que asumiéramos que había hasta 200 guardias armados en lo que literalmente es un fuerte, los cuales han sido enviados y armados por otro país únicamente para garantizar la seguridad de Maduro", dice el documento. "Este nivel de resistencia armada previsto respalda la necesidad de fuerzas militares para proporcionar seguridad al personal de las fuerzas del orden que lleva a cabo la entrega".
Detalles sobre la opinión legal del gobierno de TrumpAunque la opinión sí identifica lo que dijo son riesgos significativos en las operaciones militares, dependiendo en parte de la ubicación precisa de Maduro en el momento de la acción, los abogados del gobierno juzgaron que había una baja probabilidad de que ello derivara en una guerra total que requiriera la aprobación del Congreso.
Los líderes republicanos han dicho que no se les avisó previamente de la incursión para capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores. La semana pasada, el Senado aprobó una resolución que limitaría la capacidad de Trump para llevar a cabo más ataques contra Venezuela, en una desaprobación de sus crecientes ambiciones en el hemisferio occidental. Trump ha estado presionando a los republicanos del Senado para que voten en contra de la resolución el miércoles.
"Aunque no podemos especular sobre ninguna decisión presidencial en respuesta a la pérdida significativa de militares de Estados Unidos, se nos aseguró que no hay un plan de contingencia para participar en ninguna operación sustancial y sostenida que equivaldría a una guerra constitucional", indica la opinión.
"Se nos aseguró además que no hay un plan de contingencia que involucraría el uso de fuerzas estadounidenses para ocupar Venezuela en caso de que la remoción de Maduro resulte en disturbios civiles en ese país. Basándose en esa evaluación de las intenciones de Estados Unidos, actualmente no planeamos ninguna acción que equivaldría a una guerra constitucional", agregó.
Reacciones políticas ante la captura de Nicolás MaduroLa opinión legal también dice que el hecho de que un presidente "pueda autorizar legalmente la operación no hace por sí mismo que cualquier uso de la fuerza en su ejecución sea legal". El personal involucrado, según el dictamen, "debe implementar su orden legal de manera razonable."