WASHINGTON, DC
La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a despejar el viernes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump retire las protecciones legales temporales a cientos de miles de inmigrantes, lo que aumenta a casi un millón el número total de personas que podrían quedar expuestas a la deportación.
Los magistrados retiraron la orden de un tribunal inferior, la cual mantenía las protecciones concedidas bajo el permiso temporal humanitario para más de 500.000 migrantes originarios de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión llega después de que la corte permitiera que el Gobierno federal revoque el estatus legal temporal a unos 350,000 migrantes venezolanos en otro caso.
El máximo tribunal no explicó su razonamiento en la breve orden, según suele hacer en su lista de casos de emergencia. Dos juezas disintieron públicamente.
El gobierno presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema después de que un juez federal en Boston bloqueó el intento del gobierno de poner fin al programa. El Departamento de Justicia argumenta que las protecciones para las personas que huyen de agitación en sus países de origen siempre estuvieron destinadas a ser temporales, y el Departamento de Seguridad Nacional tiene el poder de revocarlas sin que haya interferencia judicial.
Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, indicó que las políticas del gobierno del presidente Joe Biden no eran acordes a la ley de inmigración. “Confiamos en la legalidad de nuestras acciones para proteger al pueblo estadounidense y esperamos que la Corte Suprema tome acciones adicionales para reivindicarnos”, agregó.
Pero Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center —un organismo activista sin fines de lucro—, señaló que “en esencia” la decisión ha “dado luz verde” a las órdenes de deportación para medio millón de personas.
“No puedo exagerar lo devastador que es esto”, agregó. La corte “le permitió al gobierno de Trump desatar un caos generalizado, no sólo para nuestros clientes y miembros de la comunidad, sino para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades”.
La jueza Ketanji Brown Jackson escribió en disidencia al fallo del viernes que el efecto de éste es “Hacer que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales tomen una decisión sobre los alegatos jurídicos que presentaron”. La jueza Sonia Sotomayor se sumó a la disidencia.
La orden de la Corte Suprema no es un fallo final, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso avanza. Ahora regresa al Tribunal Federal de Apelaciones del 1er Circuito en Boston.
Talwani, quien fue designada por el expresidente demócrata Barack Obama, sí le permitió al gobierno de Trump revocar permisos humanitarios, pero caso por caso.
Pero el gobierno de Trump argumentó que el permiso humanitario fue otorgado en masa, y la ley no requiere ponerle fin de manera individual. Abordar cada caso individualmente sería una “tarea gigantesca” y ralentizaría los empeños del gobierno para presionar por su deportación, argumentó el procurador general D. John Sauer.