WASHINGTON, DC
Como parte del impulso del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo deportaciones masivas, la agencia responsable de la aplicación de la ley de inmigración ha revivido y expandido agresivamente un programa de décadas de antigüedad que delega los poderes de aplicación de la ley de inmigración a los departamentos de policía locales y estatales.
En virtud del programa 287(g), encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los agentes de policía pueden interrogar a los inmigrantes bajo su custodia y detenerlos para su posible deportación. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, el ICE ha expandido rápidamente el número de acuerdos firmados que tiene con agencias policiales en todo el país.
La razón es clara. Esos acuerdos aumentan enormemente el número de personal de aplicación de la ley de inmigración disponible para el ICE, que cuenta con unos 6.000 agentes de deportación, mientras busca cumplir con el objetivo de Trump de deportar a la mayor cantidad posible de las aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en el país ilegalmente.
Este es un un vistazo a cuáles son estos acuerdos y qué dicen los críticos sobre ellos:
¿Qué es un acuerdo 287(g) y cuál es el beneficio para el ICE? Estos acuerdos se firman entre un departamento de policía y el ICE, y permiten que la agencia policial realice ciertos tipos de acciones relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración.
Existen tres tipos de acuerdos:
—Bajo el “modelo de control en cárceles”, los agentes de policía pueden examinar los antecedentes de las personas detenidas en cárceles para buscar violaciones de inmigración.
—El modelo de “oficiales delegados para efectuar órdenes de arresto” autoriza a los policías estatales y locales cumplir con órdenes o solicitudes del ICE sobre inmigrantes mientras están en las cárceles de su departamento.
—El “modelo de equipo de trabajo” otorga a los policías locales la capacidad de investigar el estatus migratorio de alguien durante sus deberes policiales rutinarios.
Estos acuerdos fueron autorizados por una ley de 1996, pero no fue hasta 2002 que el gobierno federal realmente firmó uno de estos acuerdos con una agencia local. El primer acuerdo fue con el Departamento de Policía de Florida.
“El beneficio para ICE es que expande la capacidad de hacer cumplir la ley de inmigración en múltiples jurisdicciones”, señaló John Torres, quien se desempeñó como director interino del ICE de 2008 a 2009.
Dijo que, al principio de su carrera, fue asignado a la cárcel de Los Ángeles y entrevistaba a cualquier ciudadano extranjero que pasara por ahí para ver si estaban en el país ilegalmente. Pero si una cárcel tiene un acuerdo 287(g) con el ICE, libera a esos agentes en la cárcel para hacer otra cosa.