MIAMI, Florida.- Mientras las agencias de aplicación de la ley de Florida trabajan con las autoridades federales de inmigración, los familiares y defensores de los derechos de los inmigrantes temen que las personas desaparezcan en los sistemas de cárceles del condado, a pesar de las amplias leyes de registros públicos del estado.
Los funcionarios de Miami-Dade dijeron el jueves, durante una reunión de la comisión, que están comprometidos con la transparencia y continuarán siguiendo las leyes estatales con respecto a la divulgación de información sobre los reclusos. Sin embargo, en una sección de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se designan como registros federales todos los archivos e información creados bajo el acuerdo, y algunos observadores dicen que el ICE tendría la última palabra sobre qué información se hace pública, incluyendo si una persona está o no bajo custodia.
Eso podría ser un gran problema, dijo William Mann, un abogado del Proyecto de Justicia Comunitaria.
“Creo que las preocupaciones que muchas personas tienen serían que ellos (los funcionarios del condado) usarían este lenguaje que está en este acuerdo básico... para impedir que seres queridos, familiares, amigos, defensores y periodistas accedan a la información”, expresó Mann. “Lo que significa que desaparecerían en el sistema de Miami-Dade si técnicamente fueran prisioneros del ICE”.
Los funcionarios del ICE confirmaron la recepción de correos electrónicos donde se solicitan sus comentarios sobre el tema, pero no ofrecieron ninguna observación al respecto.
La aplicación de la ley de inmigración evoluciona
En el mandato del gobernador republicano Ron DeSantis, las autoridades locales y estatales deben asumir un papel mucho más agresivo en el apoyo a la aplicación de la ley federal de inmigración, que se ha intensificado desde el regreso del presidente Donald Trump al cargo en enero.
Una ley de 2022 amplió la prohibición estatal sobre las llamadas políticas de santuario y exigió que las agencias que operan instalaciones de detención del condado firmaran acuerdos con el ICE que facultan a los agentes locales para identificar y procesar a “extranjeros removibles” en sus cárceles.
Otra medida firmada como ley este año exige que los funcionarios responsables de supervisar la aplicación de la ley local o estatal usen sus “mejores esfuerzos” para apoyar la aplicación de la ley de inmigración federal. A solicitud de una agencia federal, los centros de detención del condado también están obligados a proporcionar una lista de “todos los reclusos” y “cualquier información” sobre el estado migratorio de cada uno.
SE VIOLAN DERECHOSGómez Tejeda señaló el caso de Esvin Juárez, arrestado y deportado a Guatemala este mes, antes de que su familia y su abogado supieran siquiera dónde estaba detenido. Dificultar el rastreo de los inmigrantes detenidos es intencional, dijo.
“Funciona a favor de que se violen los derechos al debido proceso de las personas”, manifestó Gómez Tejeda.
El alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, ordenó la semana pasada a la cárcel que comenzara a publicar información sobre los detenidos del ICE, pero la activista dijo que eso podría no ayudar a los reclusos que fueron arrestados en otros condados o estados antes de ser trasladados al condado de Orange.
“Tenemos personas que han sido enviadas a cuatro o cinco centros de detención diferentes”, afirmó Gómez Tejeda. “Y en cada estado al que entras esa familia necesita identificar a un abogado que luego hará su representación y su papeleo. Así que impone una onerosa responsabilidad a las familias”.