MIAMI, Florida
Un informante que ayudó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a recabar evidencia en algunos de sus casos más importantes fue arrestado y acusado, formalmente, de elaborar planes para extorsionar a importantes traficantes de cocaína que enfrentan procesos de extradición desde Colombia y República Dominicana.
En una denuncia penal desprecintada el miércoles, Jorge Hernández, de 57 años, fue acusado con un cargo de asociación delictuosa para cometer fraude electrónico. Hernández permanece detenido y tuvo su comparecencia inicial el miércoles ante un tribunal federal en Fort Lauderdale.
Las autoridades argumentan en documentos judiciales que desde 2020 Hernández llevó a cabo un plan en el que se hacía pasar por un asistente jurídico que, por el precio adecuado, podía obtener sentencias más indulgentes para capos del narcotráfico, según una declaración jurada del FBI de 17 páginas.
El FBI aseguró que Hernández exigió pagos de un millón de dólares a seis presuntos narcotraficantes que terminaron entregándose o siendo extraditados hacia Estados Unidos.
A cambio de los pagos —que se realizaron en efectivo, joyas, propiedades y vehículos en Colombia— Hernández garantizaba sentencias de prisión más cortas que se cumplirían “en un apartamento, similar a estar bajo arresto domiciliario”, según los documentos judiciales.
Pero Hernández nunca cumplió sus promesas, ni tenía la autoridad para ofrecer este tipo de acuerdos. A medida que los traficantes que pensaban que estaban comprando influencia se molestaban, él negaba cualquier responsabilidad y culpaba a los abogados de los narcotraficantes, señaló el FBI.
Nestor Menendez, el abogado que representó a Hernández en su comparecencia inicial, se negó a comentar sobre las acusaciones.
En las dos décadas que trabajó como informante confidencial, Hernández se posicionó como uno de los recaudadores de evidencias más prolíficos para las agencias federales, proporcionando el tipo de información que llevó a procesar a contrabandistas de drogas en altamar, a un experto en lavado de dinero de la Universidad de Miami y a un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Mejor conocido en los círculos de las agencias policiales por su apodo, “Boliche”, el corpulento colombiano también fue el testigo estrella en el juicio por soborno a dos exsupervisores de la DEA en 2023, quienes fueron declarados culpables de filtrar información sobre investigaciones abiertas.
Hernández comenzó a trabajar como informante en 2000, poco después de que fue arrestado en Venezuela, a donde había huido para escapar de narcotraficantes que trataban de asesinarlo, según una investigación de The Associated Press en 2023.
Después de sobornar a funcionarios para garantizar su liberación, se acercó a la DEA y admitió que asesinó a tres personas cuando traficaba drogas cerca de su ciudad natal en la costa caribeña de Colombia. Luego comenzó a colaborar con la DEA en algunos de sus casos más importantes.
Los agentes llegaron a depender tanto de la red de contactos criminales de Hernández en todo el hemisferio occidental que le instalaron un teléfono y un escritorio en una fuerza de trabajo federal antinarcóticos, de acuerdo con la investigación de la AP.
La DEA puso fin a su acuerdo de cooperación en 2008 —según los registros judiciales— después de que las autoridades descubrieron que había amenazado con exponer a informantes como soplones a menos que le pagaran para guardar silencio.
LOS NEGOCIOS EN SECRETO
Pero mantuvo contacto con algunos de sus antiguos supervisores de la DEA y eventualmente regresó a Miami.
En 2016 conoció al agente de la DEA John Costanzo, quien supervisaba la investigación sobre el empresario colombiano Alex Saab, un presunto hombre de confianza de Maduro. En 2023, Hernández testificó contra Costanzo y otro exagente de la DEA, condenado por aceptar sobornos de abogados defensores de narcotraficantes.