El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mayor red pública de seguridad social en el país, tiene previstos más de 120 hospitales especializados para frenar el avance del coronavirus. Más de 10.000 enfermeras y 5.000 médicos están en la primera línea de combate a la pandemia. El Hospital General de Zona 57 en Cuatitlán Izcalli, en la periferia de Ciudad de México, no es una de ellas. Hace dos semanas, sin embargo, las cosas cambiaron por completo. Un grupo de trabajadores sanitarios de ese centro de salud empezó a notar que sus compañeros de guardia y los pacientes que estaban ingresados por otros padecimientos desarrollaban síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar. Y decidieron alzar la voz. Al menos una decena de médicos y enfermeras pidieron incapacidades, algunos con pruebas que confirmaron el contagio, aplicadas por el propio IMSS.
Las autoridades, en cambio, no reconocen en el papel ningún brote ni ningún caso confirmado. En menos de 10 días, las solicitudes de pruebas, insumos médicos y equipo de protección se han disparado en un hospital que no tenía planes ni capacidad para afrontar la pandemia, pero que, en términos prácticos, ya lo está haciendo. “La versión oficial es aquí no pasó nada, nadie nos da la cara”, afirma una enfermera que pide el anonimato.
Los testimonios coinciden en que el brote apareció en torno al 7 de abril, cuando una paciente ingresó por la noche a la sala de urgencias con problemas respiratorios, aseguran siete trabajadores consultados por EL PAÍS. La necesidad de despejar la zona de urgencias y brindar atención oportuna a enfermos en situación crítica hizo que una doctora decidiera internarla, a pesar de que la instrucción que habían recibido los trabajadores era no aceptar ningún paciente con cuadros respiratorios y canalizarlos a los hospitales de referencia. “Al no ser un ‘hospital covid’, en las últimas semanas nos envían más pacientes con otros padecimientos de los centros de referencia, han llegado muchísimos”, comenta otra enfermera.
“Ante la incertidumbre y el temor, las protestas de los trabajadores son legitimas, pero debemos decir que sus inquietudes han sido atendidas y los pendientes, que son los menos, están por cubrirse”, asegura Arturo Olivares, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en un documento enviado a este periódico. “En cuanto al tema de brotes de contagio entre el personal, el Instituto es el encargado de llevar a cabo las investigaciones correspondientes. La posición del Sindicato en este asunto es y ha sido verificar que los procesos de investigación sean transparentes en todos los casos, se apoye a la base trabajadora en su recuperación y se realice el seguimiento epidemiológico correspondiente”, agrega Olivares.
El Sindicato sostiene que se han realizado 7.312 pruebas de entre 8.414 casos sospechosos entre trabajadores, aunque no detalla cuántas han salido positivas. También apunta que ha comprado más de 776.000 insumos para el personal, además de los que ya ha adquirido el IMSS: más de 402.000 cubrebocas, casi 177.000 pares de guantes y 90.500 caretas protectoras. Aunque el reparto incluye a hospitales de segundo nivel, como la clínica 57, los “centros covid” tienen la prioridad. El sindicato exhorta, finalmente, a sus representados a denunciar cualquier carencia y violación a su contrato laboral.
“Creen que estamos exagerando”, lamenta una entrevistada. Al desabasto, las bajas de sus compañeros, las violaciones a sus derechos laborales y el silencio de las autoridades se les suman el miedo a las agresiones en la calle, el aislamiento de sus familiares y una sensación de desprotección ante la fase más crítica de la epidemia, decretada en México el pasado martes. “Lo único que pedimos son condiciones para hacer nuestro trabajo, para saber que no vamos a perjudicar a los pacientes y para estar tranquilas de que no vamos a contagiar a nuestros familiares”, concluye.