El decreto emitido por el gobierno federal el 11 de mayo ofrece una interpretación de militarización del país al ordenar la intervención del Ejército y Marina en tareas de seguridad y auxilio a la Guardia Nacional, que entró en funciones a partir de otro decreto con fecha 26 de marzo de 2019.
Sin embargo, en opinión del abogado especialista en materia federal, Juan Uriza Lara, los militares han participado en tareas de apoyo a la seguridad pública desde 2006, cuando fueron asignados por el entonces presidente Felipe Calderón en una estrategia de combate nacional al crimen organizado.
“El problema no reside en la intervención de militares en tareas de investigación y persecución del delito, se trata de la participación que en la estrategia tendrán los mandos militares de no rendir cuentas y seguir una línea de mando, y acato a lo previsto a los Artículos 21 y 102 Constitucionales que establecen que la investigación y sanción del delito corresponde al Ministerio Publico”, expresó.
Uriza Lara reveló más preocupación por el hecho de crear un cuerpo de seguridad militarizado “con parches”, asistiendo policías, ex policías y elementos con historial dudoso y en donde se reafirmará la idea de continuidad de abusos y excesos contra garantías ciudadanas.
La creación de una academia o universidad con altos estándares de capacitación y adiestramiento, hubo un mal resultado con la Guardia Nacional y los resultados ahí están en forma deficiente y no cumplieron con la expectativa.
De igual modo, estos militares deberán conducirse -advirtió- sin la protección del fuero militar y ser sujetos a proceso e investigación en denuncias en su contra a través de las instancias judiciales civiles y no de orden castrense.