Durante la sesión de este miércoles, el Pleno de la Sala Superior aprobó con tres votos a favor y dos en contra el proyecto SUP-RAP-231/2024 en el que Peña Ortiz impugnó la resolución de la Sala Regional Monterrey que lo señala como prófugo de la justicia y estar sujeto a un proceso judicial, por lo que no se le podían restituir sus derechos.
Los magistrados señalaron que al haber dos amparos obtenidos por el alcalde que suspenden la eliminación de sus derechos y que permiten su reincorporación al padrón electoral, se deben garantizar los derechos del alcalde.
De lo anterior se desprende que el alcalde tiene derecho a votar y ser votado, a pesar de tener una orden de aprehensión vigente, ya que cuenta con una suspensión provisional.