CIUDAD DE MÉXICO
En la región, las familias suelen vender a sus hijas en matrimonios arreglados. En el caso de Angélica, el padre de su esposo pagó 120 mil pesos por ella; al poco tiempo el joven partió a EU y ella se quedó en casa de sus suegros, ayudando en labores del hogar. Angélica huyó tras cuatro intentos de violación de su suegro, quien exigió ante la Policía Comunitaria la devolución de su dinero "más intereses", lo que según él ya sumaba 210 mil pesos.
La abuela de Angélica, Petra Aguilar Nava, de 70 años, y con quien la niña se refugió, fue encarcelada al no contar con el monto de la deuda, luego tomó su lugar la joven y después también las tres hermanitas. La noche del domingo, tras denuncias de colectivos y la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Angélica y sus hermanas fueron liberadas.
Ayer, los colectivos condenaron que el Estado tolere ese tipo de matrimonios forzados y que se permita a la Policía Comunitaria actuar de forma ilegal y en impunidad. "Se constituye (la Policía Comunitaria) en agentes del Estado, al privar de la libertad a cuatro niñas y ejercer violencia física contra Concepción Ventura Aguilar (madre de Angélica) provocándole un aborto, así como legitimar la venta de menores de edad con fines de efectuar matrimonios forzados", dice el texto.