Madrid.
Para evadir a la justicia mexicana, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio se instaló en España donde recurrió a los servicios del mexicano Fernando García Alonso, quien presumía de contactos en la policía de ese país, para que le informara si aquí estaba vigente una ficha roja de la Interpol para detenerlo y extraditarlo a México.
En sus comunicaciones telefónicas y por mensajería, Rodríguez Borgio alardeaba ante García Alonso del enorme poder que tenía su abogado mexicano –quien también buscaba información de la ficha roja–, al que se refería familiarmente como “Juanito” o como Juan Collado, que es muy “importante aquí y allá (México)”, porque también es el abogado “del Águila”, en alusión al entonces presidente Enrique Peña Nieto, por el águila de la bandera mexicana en la banda presidencial.
Lo que desconocía era que la policía española tenía intervenidas las comunicaciones de García Alonso, porque lo consideraba el hombre de confianza de Juan Manuel El Mono Muñoz Luévano, el prominente enlace de Los Zetas en Europa que fue seguido meticulosamente desde 2013 hasta su captura en Madrid en marzo de 2016.
Las comunicaciones entre García Alonso y Rodríguez Borgio, intervenidas por orden judicial, están en un informe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre la red del Mono Muñoz y sus operaciones de narcotráfico, fechado en julio de 2014, al que este semanario tuvo acceso.
En aquel momento, sobre Rodríguez Borgio y su hermano Óscar pesaba una orden de aprehensión en México por la falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para apropiarse de los casinos de otro empresario y sumarlos a su holding Big Bola.
En marzo de ese año, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había ordenado congelar las cuentas de su Grupo Gasolinero México (GGM) –de la que los hermanos eran propietarios junto con Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz– por la compraventa de hidrocarburo robado a Pemex.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada sospechaba que las ganancias de la venta del hidrocarburo robado eran lavadas a través de los casinos Big Bola y de Libertad Servicios Financieros, la polémica Caja Libertad.
Mediante sus sociedades, estos empresarios entraron al accionariado de Oceanografía, de Amado Yáñez, la compañía favorecida por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón con jugosos contratos de Pemex.
Sin embargo, con el regreso del priismo la PGR los investigó y persiguió porque mediante Oceanografía defraudaron a Citibanamex por 5 mil millones de pesos. Su socio Amado Yáñez fue detenido en 2014 y estuvo en prisión hasta abril de 2017, para seguir el proceso en libertad condicionada, mientras Rodríguez Borgio se ocultaba en España.
Se investigaba si esos recursos defraudados a la institución financiera habrían pasado de Oceanografía a la también llamada Caja Libertad, a Casinos Big Bola y a GGM.
De ninguna de las conversaciones del informe policial conocido por Proceso se desprende que Rodríguez Borgio estuviera involucrado en las actividades del narco o blanqueo en la red del Mono Muñoz.
Lo que sí queda en evidencia es su urgencia por obtener ilegalmente esa información de la policía española para saber si había una ficha roja de la Interpol en su contra, y a cambio habría pagado lo que en sus contactos denominaron una “propina” de 8 mil euros.
En un pie de página del informe, los investigadores españoles refieren que Rodríguez Borgio ya había estado “implicado en delitos de corrupción y blanqueo de capitales (en México), habiendo estado reclamado hace varios años por Interpol”.
Los nombres de Rodríguez Borgio y de su abogado volvieron a cruzarse, cuando el 9 de julio de 2019 la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Juan Ramón Collado al salir de un restaurante en la Ciudad de México, y lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada, transferencias con recursos de procedencia ilícita y fraude a través de Libertad Servicios Financieros.
El denunciante por el caso de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante, declaró ante la FGR que Rodríguez Borgio acordó con José Antonio Rico, entonces presidente de la financiera, comprar ésta por completo en 850 millones de pesos. Aunque pagó la mitad, esa transacción no prosperó por el congelamiento de sus cuentas a causa del desfalco a Citibanamex (Proceso 2228).
Sin embargo, maniobró para que al frente de la financiera quedara su socio Martín Díaz Álvarez y, aunque Rodríguez Borgio desapareció “en el papel”, siguió operando, según el denunciante, blanqueando dinero.
En 2015, el abogado Juan Collado tomó el control de Caja Libertad. El denunciante lo señaló como testaferro de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y Mauricio Kuri, líder de la bancada del PAN en el Senado de la República.
EL BRAZO DERECHO DEL MONO
Los policías que seguían al representante de Los Zetas en Europa tenían documentado su ostentoso ritmo de vida sin tener una actividad productiva lícita, sus viajes por España y Europa, la atención que daba a las visitas que recibía de México, la operación de su organización, las medidas de contravigilancia que adoptaba y el frecuente uso de terceras personas en algunas transacciones para mantenerse alejado de la primera línea.
En esas labores Fernando García Alonso jugaba un papel central, y entre el jefe y su brazo derecho había un trato de familiaridad (“paisano” de uso común entre ellos), como demuestran las transcripciones de sus conversaciones. Por ejemplo, El Mono Muñoz le pidió a Fernando que apareciera como propietario de un auto exclusivo modelo de Jaguar rojo que el capo deseaba; en otra ocasión negoció para el capo la compra de un avión, si bien la operación no se concretó.
Los investigadores escriben: “En los últimos días, Fernando García Alonso ha llevado a cabo una serie de conversaciones con una persona que se ha identificado como Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien ha solicitado a Fernando que a través de sus contactos averigüe si tiene antecedentes o asuntos pendientes en España, para poder moverse con libertad. Fernando, ante tales hechos, acude a Sotero Pintado, quien afirma tener un contacto en la policía de España que le consigue toda la información necesaria sobre los asuntos pendientes, reclamaciones, antecedentes, etcétera, que pudiera tener el señor Rodríguez Borgio”.
LOS SOCIOS DE SINALOA
Cuando García Alonso se entera de que Collado es el abogado del empresario, empieza a alardear de sus redes en México y de sus contactos en España, como sus “socios de Sinaloa” y del control que dice tener.
“Yo aquí con mis socios de Sinaloa tenemos controlada la situación, güey. O sea, no es choro (…) tenemos a todos aquí bien parados”, porque “aquí, los pinches españoles son muy putos, o sea como que les da mucho miedo meterse con nosotros, entonces, nos hacen todo, todo lo que les pidamos nos lo hacen, güey”.
Para los investigadores españoles la referencia a los socios de Sinaloa que hace el brazo derecho del Mono Muñoz, “pudiera estarse refiriendo a miembros del Cártel de Sinaloa”.
Asimismo, García Alonso le dice al empresario que el comisario de la policía que les está ayudando con su información está en lo que llama “punto cero”, que concentra la información del CNI (“el Cisen de aquí”), de Hacienda, de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional. “Entonces si tienes acceso a eso tienes acceso a todo, y sale todo, tus cuentas de banco, tus últimos movimientos, tus números de celular”, explica.
LA CAPRICHOSA
Incluso sorprende al zar de los casinos al adelantarle un dato que le dio el policía: “Me dijo que tenías una finca muy grande en Sevilla”. Se refiere a La Caprichosa, una espectacular finca de 152 hectáreas en Gerena, Sevilla, que Rodríguez Borgio compró en 2013 a familiares de Joanne Hearst Castro, nieta del magnate de la prensa estadunidense William Randolph Hearst. En 2018 puso la finca en venta por el triple de los 3.9 millones de euros que pagó por ella.
El 7 de julio, a las 13:07 horas, Fernando recibe la llamada de una mujer que la policía identifica como la pareja de Rodríguez Borgio. Ella le da indicaciones para reunirse con el empresario en el hotel Villamagna, y que espere ahí a que ella llegue con la primera parte del dinero que le dará por las gestiones de la información y por renovarle el DNI (tarjeta de identidad) y el pasaporte español.
Unas horas más tarde García Alonso le informa a Rodríguez Borgio que en el Juzgado del Decanato tiene aún la anotación de “búsqueda de Interpol por una cosa que pasó en el estado de Hidalgo y otra en el estado de Querétaro, ¿eso puede ser correcto?”.
“Sí –responde éste–, pero (esas) ya se terminaron (…) esas son de 2011, 2012”. Y agrega que tiene “todos los documentos” sobre esos casos.
Solo 17 días después de esta última conversación con García Alonso, el 24 de julio de 2014, Rodríguez Borgio apareció en una fotografía que se volvió viral, porque se aprecia relajado, en segundo plano, en una imagen que la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera y sus hijas se tomaron con el cantante Alejandro Fernández tras su concierto en el teatro Real junto a otros influyentes mexicanos afincados en España.