CIUDAD DE MÉXICO
El automóvil de Francisco Ortiz Franco era azul, un compacto cómodo y modesto. Tras sentar a dos de sus hijos en la parte trasera, el editor del semanario Zeta de Tijuana, se sentó frente al volante y al momento de colocarse el cinturón de seguridad se escucharon al menos cuatro detonaciones. En menos de 30 segundos estaba muerto. Los sicarios estaban entrenados, lo habían vigilado y lo atacaron cuando fue más vulnerable.
Su crimen no sólo confirmó que sus reportajes pusieron al descubierto el ADN del "Cártel de Tijuana", sino que sus tentáculos se infiltraron en la Procuraduría de Justicia del estado (hoy fiscalía), donde hasta ahora no ha avanzado la investigación.
Los 17 años de impunidad en la que se mantiene el caso también son responsabilidad de la ahora Fiscalía General de la República (FGR), donde fue radicado el caso en 2014, años después del asesinato. Lo mismo que la Cancillería y Gobernación, que han sido notificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el procedimiento que se sigue contra el Estado mexicano, por la ausencia de justicia. Hasta la fecha no han ofrecido pruebas de algún avance.
"Hay falta de capacidad por un lado y complicidad por otro, de autoridades, ministerios públicos, quienes mantienen el caso en la impunidad", aseveró Adela Navarro, directora de Zeta y amiga del periodista. Advirtió que cada año se suma el nombre de cada Presidente y gobernador que no resuelven el asesinato.
La viuda del periodista, Gabriela Ramírez, denunció que después de 2014 ninguna autoridad se ha acercado a ella.
"La única vez [que se comunicaron conmigo] fue al segundo día que pasó el hecho. Vino un ministerial para llevarme al Ministerio Público y declaré (...) pero jamás me han hablado para preguntarme cómo estoy, para decirme que están investigando. Acudí una vez para pedir copia del expediente, porque me lo estaban pidiendo para unos trámites, y hasta entonces me enteré lo que habían investigado", dijo.
ALIANZA DE MEDIOS MX documentó en exclusiva que, a pesar de existir pruebas de que el asesinato fue cometido por la delincuencia, la FGR desechó el caso y ahora sólo está en manos de la Fiscalía General de Baja California, misma dependencia que Ortiz exhibió por la complicidad con el crimen.
Los documentos que por primera vez se exhiben muestran las respuestas a las solicitudes de transparencia que se presentaron para conocer el estado que guardan los expedientes y que confirman que sólo permanece abierto el legajo a nivel local.
Los dos posibles autores intelectuales del crimen son Francisco Javier Arellano Félix "El Tigrillo", y Arturo Villarreal El Nalgón. El primero es uno de los principales líderes del "Cártel de Tijuana"; el segundo, su amigo y sicario, ambos detenidos en Estados Unidos en 2006.
A pesar de permanecer detenidos en aquel país, las autoridades mexicanas no los han interrogado por el caso.
"El expediente no tiene nada. Hay mucha frustración porque no se sabe nada, nada, nada", afirmó Ramírez González.
"Los avances que se hicieron, incluso se proporcionan nombres de los principales sospechosos, líneas de investigación, se hicieron en tres meses que estuvo en la entonces Procuraduría General de Baja California, luego de transcurrido ese tiempo la PGR ejerció su facultad de atracción.
"Si en lo local no avanzan, imagínate a casi 3 mil kilómetros de distancia (...) hasta donde supimos no hubo diligencias, encargos a la delegación de la PGR para que avanzara", indicó Navarro.
Autor intelectual regresaría libre. Uno de los señalados, Arturo Villarreal, fue sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos, por su relación con el tráfico de drogas. Sin embargo, su sentencia se reduciría al colaborar con las autoridades, como el semanario Zeta lo adelantó en los 2018. El sujeto prepara su regreso a México en libertad, a partir de la tramitación, en ese momento, de tres amparos (740/2017, 755/2018 y 757/2018).
ALIANZA DE MEDIOS MX descubrió que desde 2018 los abogados de "El Nalgón" han interpuesto 17 recursos, en su mayoría amparos indirectos (ocho en total), y ocho juicios de amparos en revisión. Tres de esos recursos fueron presentados este año.
Estos juicios han sido presentados en tribunales de Baja California, la capital, Jalisco, Estado de México y Nayarit. Según la revisión de algunos de recursos, el narcotraficante ha buscado conocer todas las órdenes de aprehensión que hay en su contra para invalidarlas. Y aparentemente lo consiguió, pues los documentos revisados muestran que sólo tiene vigente una orden de captura en el Estado de México.
Ninguna de las órdenes de aprehensión en México contra Villarreal eran por el crimen del editor, sino por su participación en el tráficos de drogas.
Arellano Félix, sentenciado a 23 años de cárcel, no ha tramitado algún recurso, y tiene vigentes cuatro órdenes de captura.
"El hecho está relacionado con el narcotráfico, particularmente con el 'Cártel de los Arellano Félix', y en este país es muy difícil que se investigue los asesinatos de los cárteles de la droga", expuso Adela Nava.
Más de 6 mil días sin justicia. Ortiz Franco fue cofundador de Zeta, en 1980, cuando se convirtió en editor y reportero. Los temas que abordaba se relacionaban con denuncias sobre abusos, corrupción e intereses políticos en Baja California.
A partir de los 90, se convirtió en la única publicación en la entidad que ofrecía detalles de la presencia de la familia de los Arellano Félix. El trabajo de Zeta le valió, hasta ahora, cuatro ataques y tres muertes: el primero , contra su director, Jesús Blancornelas, en 1997, hecho por el que ninguna persona ha sido detenida.
Ortiz Franco también cuidaba cómo investigaba y cómo publicaba. Antes de ser asesinado, se sentía a salvo por su precisión y veracidad, recordó su viuda.
"Cuando Zeta empezó a sacar notas muy peligrosas, platicaba con él y le decía: 'Sabes qué, no me gusta que estén escribiendo de esa manera, porque esos asuntos son muy peligrosos'. Y siempre me dijo: 'Mientras estemos diciendo la verdad y mientras no estemos diciendo otras cosas, no nos va a pasar nada'", relató.
El 22 de junio de 2004, en Tijuana, un sicario mató a Ortiz. El hombre se bajó de una camioneta Grand Cherokee Limited 2000, con placas fronterizas, y en segundos le disparó al periodista.
Ese año, el editor de Zeta hizo varias revelaciones sobre las operaciones del "Cártel de los Arellano Félix". Dos de sus últimos reportajes se publicaron en abril y mayo; el primero se tituló: Asociación de Osiel Cárdenas con los Arellano. Fuga de película: "Los Zetas" desmoronaron control y vigilancia, en el que ponía en evidencia, con detalles y materiales inéditos, no sólo el poder del grupo criminal, sino la corrupción en autoridades locales.
El segundo material apareció con el título Más de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF. Expuso, con todo y fotografías, cómo una célula de narcotraficantes compraron credenciales de policías locales.
"El asesinato se da, al menos del lado de estos criminales, como una consecuencia a una publicación de Ortiz Franco, en la que revela los nombres y las imágenes de los nuevos miembros del 'Cártel de los Arellano Félix', que eran las células que entonces trabajaban para 'El Tigrillo'", recordó Adela Navarro.
Al analizar la información, antes de publicarse, relató la directora del semanario, "en muchas de las fotografías las personas portan el mismo saco y la misma corbata, esto le llama la atención y empieza a investigar, es cuando se da cuenta y así se publica: las fotografías fueron tomadas en un mismo lugar, los citaron a todos, les pusieron el saco y la misma corbata, porque les iban a tramitar credenciales".
Con toda esta información, subrayó la periodista, "tienes por todos lados, por la investigación que estaba haciendo Francisco, por el lugar donde fue el asesinato, por las relaciones mafiosas entre criminales y policías, tienes a la procuraduría inmiscuida".
Después del crimen, la entonces procuraduría del estado abrió el expediente 132/04/201. La FGR, en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, abrió un expediente por tratarse del "Cártel de Tijuana".
Expedientes cerrados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente por el asesinato de Ortiz (2004/2133/5/Q). Incluyó el caso en una recomendación general, la número 17, en 2009, que nunca cumplieron las autoridades estatales y federales.
A pesar de eso, una solicitud de transparencia interpuesta por la ALIANZA DE MEDIOS MX, fechada en mayo 2021, revela que el organismo considera el caso como concluido.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció que no tienen un expediente abierto sobre el hecho.
Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades reconocieron la participación del clan Arellano Félix y quién planificó la operación para matar al periodista: Villarreal Heredia.
En el juicio en Estados Unidos contra el sicario, se mencionó como principal responsable del asesinato del periodista, pero sólo se utilizó como contexto de su capacidad criminal.
El Tigrillo y El Nalgón se declararon culpables en 2007 y ofrecieron colaborar con las autoridades estadounidenses. Desde entonces, las fiscalías mexicanas nunca reportaron algún interrogatorio por el crimen de Ortiz.
Tampoco se sabe si los investigadores interrogaron a personajes clave del crimen, como el abogado David Valle y al excomandante José Encinas Filatoff, quienes se reunieron poco antes con el periodista; el segundo era aliado de los Arellano Félix.
A una solicitud de transparencia a la FGR, tramitada en mayo de 2021, sobre la situación legal del expediente del periodista, la dependencia respondió que no cuenta con el legajo.
"Tras efectuar una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos, no localizó registro de alguna indagatoria relacionada con los hechos de su interés", mencionó.
Al insistir sobre el expediente en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, el 2 de septiembre la institución respondió, con el oficio FGR/UTAG/DG/004335/2021:
"Se hace de su conocimiento que la Fiscalía General del Estado de Baja California es la institución encargada de ejercer las funciones de investigación y persecución de los delitos ocurridos en dicha entidad federativa".
La fiscalía estatal, a través de otra solicitud de transparencia, también fechada en mayo de este año, respondió que el expediente abierto hace 17 años "aún se encuentra en investigación". Y al pedir conocer una versión pública de los documentos, dado el tiempo transcurrido, la autoridad decretó su reserva, ya que, argumentó, encuadra en el supuesto legal de que "se obstruiría la persecución de los delitos".
Ante el ausencia de justicia y el riesgo de que el caso prescriba, el caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa ante la CIDH y desde 2019 las autoridades mexicanas se comprometieron a dar seguimiento, pero esto no ha ocurrido.
El costo por el crimen, advirtió Navarro, "más allá del semanario, es para todo el gremio periodístico en México. El problema que esta impunidad genera es que cualquier persona, cualquier criminal, se siente con la seguridad de que puede atentar contra un periodista y no va a terminar en la cárcel".
La viuda del periodista sostuvo que aún tienen esperanza de justicia: "Queremos saber la verdad, qué fue lo que pasó, qué motivó a esta gente para privarlo de la vida. Justicia a lo mejor la tenemos de otra manera, porque ya es imposible que se condene a alguien por el paso del tiempo".
"¿Qué le diría? a las autoridades", se le preguntó.
"Les diría que hagan su trabajo, que no se vuelvan a cometer otra vez otra injusticia, porque es eso, al no hacer su trabajo como debe ser, pasó el tiempo y no se puede llegar a la justicia", retó.
Adela concluyó: "Espero el compromiso que hizo el Presidente: hacer llegar la justicia; que cumpla con esa promesa para los mexicanos, para México, y en el caso particular de Francisco, contribuir a que se haga justicia".