Washington, DC.- Para esta mujer de 30 años, lo peor parecía haber pasado ya. Atrás quedaron los duros momentos de 2018, cuando funcionarios estadounidenses la separaron de su hijo de entonces seis años en la frontera estadounidense bajo las políticas de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump ante la inmigración ilegal.
Ella vive ahora con su hijo y trabaja en la construcción en Carolina del Norte. Sin embargo, enfrenta un nuevo problema: intentos de extorsión a familiares suyos en Honduras por parte de pandillas que creen que ella ha recibido miles de dólares en compensación económica.
La madre de esta hondureña ha recibido notas escritas exigiendo 5.000 dólares mensuales, asegura ella.
“Aparentemente yo soy millonaria,” dijo la inmigrante, quien habló en condición de anonimidad por motivos de seguridad. “Porque la verdad es que yo no tengo dinero para pagar esa cantidad y la verdad es que yo tampoco sé cómo hacer. Yo realmente estoy desesperada,” agregó.
Las denuncias recientes de extorsión, reportadas por pocas familias a un abogado, han ocurrido tras titulares recientes en los medios de comunicación hablando sobre posibles pagos a estas familias por parte del gobierno estadounidense.
Los casos parecen incidentes aislados. Aun así, el problema de la extorsión en América Central es generalizado y la razón por la cual muchos piden asilo en Estados Unidos. Activistas y abogados temen que potencial compensación económica a familias que fueron separadas genere más amenazas. Ningún pago se ha realizado y no está claro que se realice ninguno en el futuro.
Ricardo de Anda, un abogado de la mujer y de otras familias ha pedido al gobierno estadounidense que considere la admisión de más parientes en Estados Unidos, debido a esta extorsión. Las negociaciones entre las familias y el gobierno estadounidense se paralizaron después de que el diario Wall Street Journal reportara que el Departamento de Justicia estaba considerando pagar 450,000 dólares por persona —o 900,000 por padre e hijo— para compensar por el sufrimiento tras las separaciones. Una persona familiarizada con las negociaciones y que habló con The Associated Press en condición de anonimidad porque las reuniones fueron privadas confirmó que esa cifra había sido mencionada.
“La gente piensa que tengo muchísimo dinero,” dijo un hombre de 47 años, dueño de un negocio en el norte de Guatemala y cuya esposa e hijo fueron separados en la frontera estadounidense hace más de tres años. El guatemalteco dice que vive con miedo y cambia de número de teléfono celular cada dos semanas. Su ansiedad aumentó tras las noticias de potenciales pagos del gobierno estadounidense a familias separadas.
El comerciante vive en Guatemala con su hija de 14 años. Su esposa e hijo de ahora 18 años viven en Atlanta tras haber sufrido la separación en la frontera en 2018 por más de un mes. El hombre dijo que ambos tuvieron que huir de su país porque él recibía mensajes de texto que amenazaban con el secuestro de su hijo si no pagaba dinero.
Al igual que la inmigrante hondureña, el guatemalteco habló con AP bajo condición de respetar su anonimato por razones de seguridad. “Mi vecino me dijo, ‘ya tienes dinero... porque te dieron lo de las personas que están separadas en Estados Unidos’. Y le dije ‘no, no sé nada de eso’”, explicó.
El hombre dijo que él y su hija intentaron ir a Estados Unidos en 2019. Fueron secuestrados en México durante dos semanas y entregados a las autoridades mexicanas tras pagar 3.000 dólares. Después fueron deportados a Guatemala. “No vivo tranquilo y debo estar alerta todo el tiempo,” dijo. “Me gustaría que Estados Unidos me brinde la oportunidad de reunirme con mi familia, de tener a mi hija con la mamá. Me gustaría estar juntos otra vez con ella. Ya van a ser cuatro años separados”.
Adán y su madre, Roxana, inmigrantes de El Salvador, se abrazan tras una misa en homenaje a los migrantes en la catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles.