Extorsión a alcaldes

Una organización criminal amplió la diversificación de sus negocios al ramo de la construcción, y ahora extorsiona a presidentes municipales en el sureste del país para que les concesionen obras públicas, de acuerdo con investigaciones de la PGR y la Marina.Uno de los contadores del cártel, Érik Cárdenas Guízar, El Orejón, declaró a las autoridades que en municipios del sur de Veracruz y Tabasco presionan a los alcaldes para que dieran a la organización delictiva concesiones de construcción.El día de su captura, el pasado 8 de junio en Veracruz, El Orejón relató a la Marina que tiene dos empresas formalmente constituidas con las que extorsiona a Alcaldes.Una de ellas se llama Rockar y la otra Harloc.De acuerdo con su declaración, una de las presidencias municipales que le otorgó contratos a la banda criminal es la de Alto Lucero, en Veracruz.Trabajo para la organización delictiva como encargado de lavado de dinero en los estados de Veracruz y Tabasco, a través de empresas constructoras estableciendo contacto con presidentes municipales (de) dichas entidades, testificó.Para obligarlos a que le otorguen (a la organización) concesiones de construcción de obras públicas, subempleando y obteniendo ganancias de hasta el 35 por ciento del valor de la obra, destacando las empresas Rockar S.A. de C.V. y Harloc G. P. S. A., que actualmente la última de las empresas mencionadas está realizando obras en el Municipio de Alto Lucero, Veracruz.Según las investigaciones, El Orejón también involucró a Gerald Washington Herrera Fuentes, Alcalde de Huimanguillo, Tabasco, con los líderes criminales Mauricio Guízar Cárdenas, El Amarillo, y Carlos Guízar Valencia, El Charly.El Amarillo, de acuerdo con el testimonio, le regaló a Herrera Fuentes dos camionetas cuando era candidato y estaba en campaña por la Presidencia Municipal.Cuesta una vida. 20 mil pesos> En abril, Martín Padua Zúñiga, alcalde panista de Chinameca -en el sur de Veracruz-, fue detenido junto con un líder criminal.> Tras la captura, el PAN estatal aseguró que en muchas ocasiones los alcaldes de municipios pequeños son presionados por el crimen organizado para pagar hasta 20 mil pesos al mes a cambio de seguir con vida.