El asesinato del juez de control Uriel Villegas Ortiz encendió las alarmas de los impartidores de justicia a escala federal, algunos de los cuales lamentan que exista un distanciamiento entre la cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro Arturo Zaldívar, con sus principales activos: jueces y magistrados.
De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el homicidio del juez Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, perpetrado frente a su domicilio en la capital de Colima, también ha propiciado que se cuestione la decisión de relajar la seguridad que se brinda a titulares de juzgados y tribunales federales, una prioridad en administraciones pasadas.
El doble crimen, cometido el pasado martes 16, impactó de tal forma al aparato judicial que al menos tres organizaciones en las que participan jueces y magistrados federales resolvieron emitir pronunciamientos para condenar el atentado y solicitar mayor seguridad para sus agremiados, de forma totalmente independiente y al margen del ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
La molestia y desazón de los impartidores de justicia no es para menos: el de Villegas es el tercer asesinato de un juez federal de 2006 a la fecha.
El 17 de agosto 2006 fue asesinado en Toluca el juez René Hilario Nieto Contreras, encargado de uno de seis juzgados de Procesos Penales Federales adscritos al penal federal de máxima seguridad La Palma, hoy del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Aunque el impartidor de justicia era el responsable de procesos penales contra integrantes del cártel de los Arellano Félix y del Cártel de Juárez, las indagatorias del caso apuntaron hacia el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, por haberle negado el derecho a la visita conyugal. A la fecha, este homicidio sigue sin castigo.
En 2016 fue asesinado otro juez asignado a Toluca: Vicente Antonio Bermúdez, responsable de dictaminar varios juicios de amparo promovidos por líderes de la delincuencia organizada, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.
En el caso del juez Villegas Ortiz son públicos los expedientes que vinculan su labor jurisdiccional en un juzgado federal de Guadalajara con la resolución de diversas causas penales contra tres cabecillas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; su esposa Rosalina González Valencia; y el hijo de ambos, Rubén Oseguera González, El Menchito.
Hasta el momento las principales líneas de investigación apuntan a un acto de intimidación por parte de grupos delictivos, en particular del CJNG, que tiene en Colima uno de sus bastiones, por la cercanía y comunicación entre ambas entidades.
Colima se sumó a la lista de los estados violentos, tras el asesinato de Villegas.
La historia de un juez
Nacido en 1977 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Uriel Villegas Ortiz se había incorporado el 1 de febrero de este año como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Colima, en sustitución de la juez Lorena Josefina Pérez Romo, quien fue designada magistrada en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
Durante los primeros meses Villegas vivió solo en Colima y en mayo se llevó de Guadalajara a su esposa, Verónica Barajas Guerra, y a sus hijas de cuatro y siete años, con quienes se instaló en la calle León Felipe 346 de la colonia Real Vista Hermosa, en el norte de la ciudad de Colima.
Tras una carrera judicial de varios años en Sonora, Guanajuato y Jalisco, en marzo de 2017 fue nombrado juez de distrito en esta última entidad, donde se desempeñó como titular de los juzgados Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales y Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal.
A principios de 2020 fue transferido al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima. Pese a que no objetó la readscripción, tampoco estaba satisfecho con la cercanía con Jalisco.
Abogados que lo conocieron coinciden en que se le consideraba recto y honesto. Era muy reservado en sus asuntos personales y socializaba con un grupo muy reducido. Durante la actual contingencia realizaba una parte del trabajo desde casa y acudía a las instalaciones del PJF para presidir las audiencias en las que fungía como juez de control y a otras actividades que requerían de su presencia.
Una versión manejada por fuentes cercanas al PJF señala que los asesinos llegaron al domicilio de Villegas fingiendo interés en adquirir una camioneta negra Tiguan, de Volkswagen, que el juez tenía en venta.