“Todos nos sentimos espiados”, declaró el presidente Enrique Peña Nieto aquel 22 de junio de 2017, cuatro días después de darse a conocer que su gobierno había tratado de intervenir los teléfonos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos con el programa Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group.
“Nada más falso que eso”, insistió el priista durante una gira en Jalisco, y añadió que “ninguna de las personas que se siente agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y ese supuesto espionaje”.
Ese día, al igual que ante todos los innumerables escándalos de corrupción que caracterizaron su sexenio, Peña Nieto mintió: de la mano con Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de Tomás Zerón de Lucio, en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de Salvador Cienfuegos Zepeda, titular la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el mexiquense convirtió su sexenio en un régimen de cibervigilancia ilegal masiva.
En octubre de 2017, Osorio Chong --ahora senador por el PRI-- compareció ante la Cámara de Diputados y sostuvo, firme, que “el Cisen, bajo mi responsabilidad no tenía este protocolo, este programa Pegasus, nosotros no lo adquirimos”, lo cual también era una mentira.
Más de 50 mil datos telefónicos de clientes de NSO Group obtenidos por Forbidden Stories y el Security Lab de Amnistía Internacional y compartidos con los 17 medios que participaron en la investigación Pegasus Project –entre ellos Proceso--, muestran cómo el gobierno de Peña Nieto fue, al parecer, el mayor cliente de NSO Group en el mundo, con más de 15 mil personas atacadas en apenas un año y medio, al ritmo promedio de 33 ataques al día, cifra varias veces mayor al de los regímenes autoritarios de otros países como Arabia Saudita, Marruecos o Azerbaiyán, también clientes de la empresa israelí.
Miles de personas espiadas tienen un perfil que podría sugerir su pertenencia a grupos criminales; sin embargo, el gobierno de Peña Nieto –específicamente el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen)-- utilizó Pegasus para espiar masivamente a periodistas –seis de ellos trabajaban entonces en Proceso-- defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares y más de 700 políticos y sus familiares, casi todos de partidos de oposición.
El mandatario desvió enormes recursos públicos para fines particulares. Tan solo del escaso número de contratos que la prensa ha dado a conocer desde 2012, se sabe que el Estado mexicano ha gastado más de 6 mil 405 millones de pesos y 33 millones 129 mil dólares en Pegasus, pero el costo total fue muchísimo mayor, pues la PGR, el Cisen y la Sedena nunca han transparentado los contratos, especialmente los últimos dos.
Varias fuentes que han operado el programa en el gobierno sostienen que se necesitan decenas de agentes especializados y horas de trabajo para detectar los datos valiosos y separarlos de la enorme cantidad de elementos inútiles que se encuentran entre los gigabytes de información extraída mediante Pegasus.
Alfonso Navarrete Prida, quien fue nombrado al frente de la Segob después de la salida de Osorio Chong, a principios de 2018, dice a Proceso que, cuando asumió el cargo, ya no quedaba ninguna huella de Pegasus, ni en computadoras ni en ningún área del Cisen.
“Lo que puedo afirmar con claridad es que no estaba, no existía un sistema Pegasus, no estaba operando un sistema Pegasus, yo instruí que no se renovara licencia alguna llamada Pegasus o de cualquier sistema donde pudiera estar o existiera un área que no tuviera un sustento en que si iba a intervenir en la vida privada de alguien tuviera que pasar por autorización judicial, es decir, tenía que estar en el marco de la ley”, sostiene.
Asevera que le interesaba conocer más sobre Pegasus, porque a los pocos días de la publicación del informe Gobierno Espía, el cual revelaba cómo el gobierno de Peña Nieto abusó del spyware para intervenir los teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos, la revista Eje Central publicó una columna en la cual afirmaba que Navarrete Prida había sido blanco de espionaje por parte del Cisen mientras era secretario de Trabajo y Previsión Social.
El exfuncionario sostiene, como defensa, que durante su breve labor al frente de la Segob se dedicó a tiempo completo a la organización del proceso electoral de 2018, y después de las elecciones concentró su atención en la transición y a la caravana formada por más de siete mil migrantes hondureños que atravesaba el país para llegar a la frontera con Estado Unidos.
- En mi administración no hubo espionaje político, afirma.
- ¿En su administración nada más?, se le pregunta.
- Sí, eso es lo que yo puedo afirmar.
- ¿Y de la gestión anterior?, se le insiste, en referencia al periodo de Osorio Chong.
Suelta una respuesta elusiva, pero cargada de sentido: “De gestiones anteriores no puedo opinar porque no las conocí, y el respeto a la gestión ajena es la paz”.
Eugenio Imaz, exdirecor del Cisen. Foto: Eduardo Miranda
De hecho, un contrato de renovación de licencias publicado en Aristegui Noticias muestra que el Cisen había adquirido un paquete que autorizaba mil 250 intervenciones simultáneas, es decir, más del doble del sistema que Zeróna había comprado en la AIC.
“Lamentablemente, el espionaje fue durante mucho tiempo una práctica sistemática irregular del Estado contra los opositores. Pero también creo que la parte que nunca sabrás, es que se espiaron entre ellos mismos. También a los grupos priístas, los espiaban, a los empresarios, a toda la gente que fuera una figura pública se las espiaba”, afirma Encinas. Y subraya que, “desde Calderón y Pena nieto, es cuando más se intensificó”.
Gasto misterioso
En un boletín publicado en mayo de 2020, el gobierno de López Obrador aseveró que el Cisen operó Pegasus entre 2014 y 2017. Extrañamente, ese primer año marcó un disparo vertiginoso de su presupuesto, que duró dos ejercicios fiscales. De 2 mil 744 millones de pesos en 2013, subió a 7 mil 537 millones en 2014, alcanzó 7 mil 616 millones de pesos en 2015, disminuyó a 3 mil 273 millones de pesos en 2016 y bajó a 2 mil 823 millones de pesos en 2017.
En otras palabras, en 2014 y 2015, el Cisen recibió poco más de 9 mil millones de pesos extraordinarios --esto es, cerca de 500 millones de dólares--, etiquetados para gastarse en “inversión física”.
Tras su llegada al poder, Andrés Manuel López Obrador decretó la desaparición del Cisen, y su sustitución por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que adscribió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a diferencia del Cisen, que respondía a la Segob.
Este cambio hace difícil encontrar respuestas a los 9 mil millones de pesos: preguntada al respecto, la SSPC indicó a Proceso que la información debería obrar en poder de la Segob; la Segob, a su vez, dijo a este semanario que no la tenía, pues debía estar en manos de la SSPC.
Preguntado al respecto, Navarrete Prida asume que el incremento tuvo que ver con “la dotación diversos equipos o la actualización de diversos equipos”, en el marco de la creación de los “Centros de Fusión” y del traslado de la Plataforma México –creada por García Luna-- al Cisen.
Encinas, por su parte, opina que el incremento del presupuesto se debió a un “todo”: “Llega 2012-2018, llega el grupo del Estado de México que estaba, o está acostumbrado a realizar ese tipo de prácticas y no solo es es la compra de tecnología, sino obtener monitores en todo el país, hacer seguimiento de personajes; es todo una instrumento de estructura territorial, aparte de la que tenían con tecnología, porque es lo que están acostumbrados a hacer”.
“Los incrementos en los partidas de seguridad nacional, que son justamente las que están ahorita investigándose por parte de la Fiscalía contra Tomás Zerón y otros funcionarios (…) es por este gasto de seguridad Nacional que no está comprobado; las partidas de seguridad Nacional no necesariamente se comprobaban. Se supone que hay un sobre rojo que se guarda para acreditar los gastos”.
Osorio Chong, por su parte, se limita en subrayar que “la naturaleza de muchas contrataciones y objetivos del CISEN, llevan en forma inherente la causal total de confidencialidad, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros ni podemos revelar datos, para no incurrir en violaciones legales que solo una autoridad judicial puede determinar”.
Y abunda: “Lo que sí se puede afirmar es que dichos recursos se invirtieron de la forma en que se ha referido e informado en la documentación de la cuenta pública de los años que hace mención (…) Las contrataciones realizadas se fundamentaron en la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en su caso, en el artículo 41 fracción IV de dicha Ley”.
Tras la salida de Osorio Chong de la Segob, Eugenio Imaz fue nombrado al frente de una dirección general de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –entonces a cargo de Luis Videgaray Caso, el brazo derecho de Peña Nieto--, y enviado a un “exilio dorado” en Madrid. Peña Nieto sacó entonces a Alberto Bazbaz de la UIF y lo nombró al frente del Cisen, donde estuvo varios meses hasta la toma de posesión del gobierno de López Obrador.
- ¿El Cisen respondía al secretario de Gobernación o a la Presidencia de la República?, se le pregunta a Navarrete Prida.
“El Cisen es un organismo, en aquél entonces, desconcentrado, pertenecía a la Segob y por lo tanto está dentro de la esfera jurídica del Secretario de Gobernación. Desde luego si el titular del Ejecutivo Federal solicita algún dato, información o alguna herramienta en el marco de toda la administración pública, ésa de inmediato se le debe de proporcionar, las facultades del Presidente de la República le permiten ordenar sobre la esfera de lo administrativo en cualquiera de sus ámbitos”, contesta.