CIUDAD DE MÉXICO .– Ayotzinapa es, sin duda, uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de los últimos años. Un punto de inflexión en la forma en que se entiende la violencia en México, la complicidad del Estado en la comisión de delitos graves y cómo operan los mecanismos de la impunidad para encubrir la verdad. Es también una dolorosa herida abierta.
En los últimos siete años, se ha ido desmontando la versión oficial de los hechos presentada en su momento por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien aseguraba que la noche del 26 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido privados de la libertad e incinerados en un basurero cerca de Iguala. Las irregularidades de la investigación, el encubrimiento de la participación del Ejército y la Policía Federal, y el choque de evidencias científicas han reforzado la idea de que se trató de una operación, desde el Estado, para ocultar la verdad y mantener desaparecidos a los estudiantes.
De ahí que fueron exoneradas —por haber sido torturados y sujetos de otras violaciones a los derechos humanos— todas las personas que fueron presentadas por la PGR como autores materiales; otras 21 personas vinculadas con el caso, se informó recientemente, han fallecido o han sido asesinadas.
Con la llegada de la presente administración federal en 2018, las investigaciones tomaron un nuevo impulso con la creación de una Unidad Especial dentro de la hoy llamada Fiscalía General de la República y de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Se han ejecutado 40 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero y de la PGR, policías federales y ministeriales e incluso un militar en retiro; sin embargo —según han denunciado los abogados de los estudiantes—, aún es visible la reticencia para perseguir a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en el circuito de la desaparición.
Sobre las labores de búsqueda, basta decir que se han identificado los restos óseos de tres normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La insistencia de las autoridades por construir una narrativa, desestimando indicios y ocultando hallazgos en puntos distintos a los de la “verdad histórica”, derivó en que muchos de los fragmentos encontrados en los últimos años ya no puedan ser analizados.
Estas son 10 claves para entender qué ha pasado en el caso Ayotzinapa hasta este 26 de septiembre de 2021, cuando se cumple el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas: Abel, Aberlardo, Adán, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César, Christian Alfonso, Christian Tomás, Cutberto, Dorian, Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel Caballero, Israel Jacinto, Jesús, Jhosivani, Jonás, Jorge Álvarez, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel Campos, José Ángel Navarrete, José Eduardo, José Luis, Julio César, Leonel, Luis Ángel Abarca, Luis Ángel Francisco, Madgaleno, Marcial, Marco, Martín, Mauricio, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel Mendoza y Saúl.
1. La noche de Iguala
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos de manera coordinada por agentes municipales y estatales e integrantes del crimen organizado -y a la vista del Ejército- al salir de Iguala, Guerrero. Los jóvenes, de entre 17 y 25 años, se dirigían a la Ciudad de México para participar, como cada año, en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.
La noche de Iguala concluyó con 43 de los normalistas desaparecidos, seis personas ejecutadas —incluidos tres estudiantes, uno con muestras brutales de tortura—, al menos 40 personas lesionadas y dos estudiantes con afectaciones graves y permanentes a la salud. A decir del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alrededor de 700 personas fueron afectadas indirectamente, considerando a los familiares de los agraviados.
10. Ausente, nueva mecánica de los hechos
El pasado 21 de septiembre, en la segunda Barranca de la Carnicería, el fiscal Gómez y el subsecretario Encinas insistieron en que han “avanzando mucho en la controvertida verdad histórica”, que las evidencias encontradas ahí —los huesos esparcidos en costalillas que aún siguen en análisis—, los pedazos de la barranca que siguen investigando, los nuevos escenarios y testimonios recogidos —sin incurrir en ilícitos, como sí lo hizo la PGR—, tiraban el montaje del basurero de Cocula y el río San Juan.
Sin embargo, cuando se les preguntó, según las investigaciones del actual gobierno, qué pasó entonces con los 43 estudiantes a partir de la noche del 26 de septiembre, a dónde los condujeron, qué les hicieron, a cuántos de ellos y en dónde, dijeron que aún falta tiempo para tener una explicación. A mitad del sexenio de López Obrador, esas preguntas aún no tienen respuesta.