Cd. Victoria, Tam. - En sesión de la Diputación Permanente se votó a favor de reformar el Código Penal para considerar como agravante de robo, el que una persona trabajadora de una oficina recaudadora, un establecimiento o institución bancaria, proporcione a terceros información sobre retiros en efectivo.
La sanción corresponderá a 12 años de prisión de acuerdo al ordenamiento local, mismo que se impondrá cuando se trate del delito de robo a clientes que se desarrolle en complicidad con algunos cajeros que vulneran la confianza que les otorga la institución bancaria.
La acción legislativa menciona que la información que manejan es privilegiada y delicada, colocando en estado de vulnerabilidad a los usuarios en la victimización del delito, así como afectando el patrimonio de los mismos que realizan retiros en efectivo.