A Guadalupe Marín, de 31 años, le han negado el derecho de ver a su hija desde hace seis años. Originaria de Mazatlán Villa de Flores y hablante de mazateco, tiene un expediente penal sobre la guardia y custodia de la pequeña, después de vivir violencia en su hogar y de que se la arrebataran en noviembre de 2016: “Desde ese entonces ya no pude verla, ni convivir con ella”, cuenta.
Lupita vivía desde 2014 con quien era su pareja. Al principio todo era normal, recuerda. No obstante, desde su embarazo comenzó a sufrir violencia; su familia política criticaba su vestimenta y controlaba hasta el tiempo que tardaba en hacer los mandados.
“Me empezaron a vigilar para que no platicara con nadie; tampoco podía recibir visitas. Una vez que nació mi hija, en 2015, siempre lloraba aunque la cuidara y se enfermaba mucho, por lo que ellos me culpaban”.
Paulatinamente, Lupita comenzó a vivir en un ambiente de insultos y agresiones en el que no se le permitía opinar; además, reconoce que vivió violencia física y económica. En noviembre de 2016, su pareja la golpeó tras un incidente doméstico y le arrebató a su hija.
Desde entonces, la encerraron en un cuarto y no la dejaron verla. En medio de amenazas y maltrato, Lupita guardó silencio. Su hija ya tiene seis años, pero desde hace cinco años y siete meses, no ha vuelto a verla.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que el 29.2% de las oaxaqueñas de 15 años y más, que están o han estado casadas, han vivido vejaciones sexuales, violencia físico, emocional y económica.
De esa cifra, 45% de las mujeres vivió violencia grave y 31.2%, violencia muy grave.
Lupita cuenta que pidió ayuda a su hermana, quien fue por ella y se la llevó a Huautla de Jiménez, a dos horas de Mazatlán Villa de Flores, región Cañada. Para entonces, tenía casi un mes sin ver a su hija, quien permanecía encerrada en un cuarto, vigilada por su abuela.
Sin conocimiento de cómo proceder legalmente, fue hasta abril del siguiente año cuando inició un proceso para recuperar a la niña. Fue entonces cuando supo que había una demanda en su contra por abandono de hogar. Aunque el juez le sugirió volver a la casa, a pesar de la violencia que vivió, ella decidió no regresar.
Una ley incomprensible
Sin medios para pagar un abogado, Lupita recurrió a uno de oficio, pero los asesores legales la revictimizaron, igual que los jueces. A ello se sumó la dificultad que suelen tener hablantes de lenguas indígenas, en este caso, el mazateco, para interpretar términos jurídicos.
Sobre el tema, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), resalta que para garantizar un debido proceso legal es fundamental contar con traductores de lenguas indígenas. Este derecho está contenido en la Constitución Política mexicana, en el artículo 2, apartado A, fracción octava.
Con el acompañamiento de grupos feministas, como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca, Lupita obtuvo la custodia provisional de su hija el 7 de abril de 2017, mientras su expareja no se presentaba a las audiencias y éstas se posponían. Fue entonces cuando intentó recuperarla en el domicilio donde vivía, pero se la negaron.
En agosto, el juez concedió a la expareja de Lupita la custodia de la niña, a pesar de que la solicitud fue interpuesta en una fecha posterior al inicio del proceso. Desde entonces, el hombre ha interpuesto al menos cuatro amparos, para evitar que la niña conviva con su madre.
Tras negarle continuamente el derecho de ver a su hija, su expareja se hizo acreedor de multas y arrestos, pero estos no se ejecutaron. Lupita buscó entonces la guardia y custodia de su hija, pero el padre no se presentó a la última audiencia. Por ello, supuestamente fue arrestado y llevado a la cárcel municipal; no obstante, la visita de verificación de la actuaria en los separos evidenció que el sujeto no estaba preso, bajo el argumento de que tenía problemas de salud.
POBRE E INDÍGENA
Ella encontró un abogado con enfoque de género dispuesto a ayudarla, pero falleció poco tiempo después. Luego, un juez determinó que Lupita viera a su hija en el DIF de Huautla de Jiménez por espacio de dos horas, pero la niña no fue llevada a las citas. A pesar de que la sede fue cambiada a los juzgados, la niña nunca llegó.
Por el contrario, iniciaron un recurso de apelación para evitar que Lupita conviva con su hija. Además, el juez fijó una pensión alimenticia de mil 417 pesos quincenales, monto incosteable para ella, que vive en una comunidad de alta marginación y está desempleada por la pandemia.
En marzo pasado, el caso fue tomado por el jurista Rogelio Ruiz Gutiérrez, quien afirma que no se ha protegido el interés superior de la menor de edad y que las multas y arrestos contra el padre de la niña han sido medidas inservibles para hacerle cumplir los requerimientos.
Ante ello, el abogado solicitó al juez medidas más eficaces para lograr la recuperación de la menor, así como asesoría de una psicóloga infantil, acompañamiento de un médico legista y de elementos de seguridad, pero el recurso fue negado. “No se trata de un derecho de los padres, sino del de la menor, de que conviva con su madre, pero se le está haciendo caso omiso a esa circunstancia”, señala.