Después, la mujer de 41 años perdió su trabajo en American Airlines, gastó sus ahorros rápidamente y se retrasó meses en el pago del alquiler de la casa que rentaba por 1.350 dólares al mes. Hasta entonces nunca había dejado de pagar la renta.
Bartley, de Durham, Carolina del Norte, recurrió al programa estatal de asistencia para el alquiler y sintió alivio al recibir en enero 8.100 dólares. Pero dice que su arrendador rechazó el dinero luego de que ella se negó a que modificara su contrato de dos años por un periodo más corto. El programa requería, entre otras condiciones, que los arrendadores cumplieran los contratos de arrendamiento para recibir el dinero.
Ella recurrió a un segundo programa lanzado este mes por el estado y nuevamente fue aprobada. La semana pasada, supo que su arrendador había aceptado casi 20.000 dólares por alquiler atrasado y tres meses de pagos futuros, y aceptó desestimar su demanda de desalojo.
La noticia significa que no será obligada a dejar su hogar cuando finalice la moratoria federal de desalojos el 31 de julio. Pero la espera e incertidumbre significaron meses de estrés.
“Ha sido una locura, especialmente cuando tienes niños en la escuela”, dijo Bartley. “Ha sido más o menos depender de un capricho. Ok, ¿tendré un lugar a dónde llegar cada mes?”.
Millones de personas se han encontrado a sí mismas en una situación similar a la de Bartley y enfrentan posibles desalojos, a pesar de las promesas de los gobernadores de ayudar a los inquilinos después de que el Congreso aprobara la Ley CARES (Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad Económica Debido al Coronavirus), en marzo de 2020.
A nivel nacional, los lideres estatales reservaron cuando menos 2.600 millones de dólares del Fondo de Asistencia Debido al Coronavirus de la Ley CARES para ayudar a inquilinos con dificultades, pero un año después, más de 425 millones de dólares, o el 16%, no habían llegado a los bolsillos de los inquilinos o sus arrendadores, según una investigación de The Center for Public Integrity y The Associated Press.