Los dos jueces federales que resolverán los amparos contra el aumento de precios de la gasolina comenzaron hoy a admitir a trámite las demandas, a más de un mes que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar los 2 mil 800 expedientes en dichos órganos.
Admiten amparos, pero no frenan el gasolinazo
Los dos jueces federales que resolverán los amparos contra el aumento de precios de la gasolina comenzaron hoy a admitir a trámite las demandas, a más de un mes que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar los 2 mil 800 expedientes en dichos órganos.
Los jueces Primera y Segundo Auxiliares de la Primera Región, Ileana Moreno y José Luis Cruz, se negaron a conceder suspensiones a los quejosos para que les sigan aplicando los precios de gasolina de diciembre de 2016, mientras se tramitan los juicios y se resuelve si el aumento violó algún derecho constitucional.
De conceder la medida solicitada se afectaría el interés social y el orden público, porque podrían generarse distorsiones en los precios de los hidrocarburos que afectarían al público consumidor de manera generalizada, resolvieron.
Los quejosos en los amparos, algunos de ellos patrocinados por el Gobierno de la Ciudad de México, alegan omisiones del Ejecutivo federal de aplicar el Artículo 28 de la Constitución, que le permite controlar precios de productos básicos.
También impugnan la Ley de Ingresos de 2017, el Acuerdo de la Secretaría de Hacienda para precios máximos este año y el cronograma de la Comisión Reguladora de Energía para aplicar dicho Acuerdo.
El 21 de febrero, el CJF decidió concentrar todos los amparos en los dos juzgados auxiliares ante el caos por las dudas sobre la materia a la que correspondían, pues no estaba claro si eran asuntos administrativos o especializados en competencia económica, y múltiples jueces se habían declarado incompetentes para llevarlos.
Los juzgados auxiliares, sin embargo, arrastraban más de 10 mil amparos contra el buzón tributario del SAT, en los que era necesario dictar sentencias aplicando jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema, de ahí la tardanza para abocarse al tema del gasolinazo.
Pese a las admisiones por parte de los jueces auxiliares, las probabilidades de que los amparos sean concedidos son bajas, e incluso si los jueces fallan a favor de los inconformes, esas sentencias serían revisadas por tribunales colegiados o la Corte.
En enero, la jueza Silvia Cerón ya había desechado unos 50 amparos por notoriamente improcedentes, con argumentos que probablemente serán los que terminen rigiendo en estos litigios, pues la Corte ha establecido que no es función del Poder Judicial fijar precios o controlar variables económicas.
No corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina, para que realicen el cobro de los productos que venden bajo determinados precios, ya que esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional, afirmó Cerón.