El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas inició el 10 de noviembre, un proceso de hostigamiento administrativo en contra de los medios de comunicación e-consulta, dirigido Rodolfo Ruíz y El Popular, a través de su directora Carolina Fernández.
Los medios de comunicación y periodistas recibieron un citatorio para fines de ejecución de una auditoría por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla, misma que les exigía más de 20 documentales desglosadas en un plazo de quince días; a e-consulta de los años 2018 y 2019 y para El Popular de 2019 y 2020.
En el documento se estipula que el no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos solicitados… dentro del plazo otorgado para tal efecto, constituye una infracción en los términos del artículo 85 fracción I del Código citado (Código Fiscal de la Federación), la cual se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86 fracción I, del propio ordenamiento; asimismo se le informa que, en caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido Código.
Al respecto, los artículos citados refieren que en caso de no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales, la autoridad podrá imponer sanciones que van de 19 mil 350 a 58 mil 070 pesos; asimismo podrán existir medidas de apremio consistentes en solicitar el auxilio de la fuerza pública, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes, entre otras.
Estos requerimientos se suman a una serie de acciones que se traducen en acoso judicial y administrativo, que representa una visible estrategia de ataques, hostigamiento y desgaste contra ambos medios informativos y que además, desde septiembre de 2019 han sido objetos de diversas agresiones, tales como descalificaciones y campañas de desprestigio, bloqueos informativos y agresiones digitales.