Advierten de delito si 'limpian' cuentas
Si los Diputados locales aprueban las cuentas públicas del Gobernador Rodrigo Medina, pese a que éstas contengan anomalías, estarían cometiendo delitos como coalición y ejercicio indebido, y podrían enfrentar consecuencias penales, advirtieron abogados.
Monterrey
"Le queremos decir a la gente que no estamos indefensos ante la posible aprobación de cuentas públicas", aseguró el abogado.
"Porque acuerden algo en el Congreso local no quiere decir que están impunes".
Alfonso Verde Cuenca, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, coincidió en que, en caso de que los legisladores tricolores busquen "salvar" las cuentas del Mandatario estatal, podrían caer en ambos delitos.
El pasado 14 de septiembre, el PRI, los Diputados de Movimiento Ciudadano, Panal, PVEM, PT y la bancada independiente se adjudicaron la mayoría de las comisiones, incluyendo la de Hacienda del Estado, presuntamente para "blindar" las cuentas de Medina.
Según Benítez, integrante del movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (CCC), en caso de que los legisladores avalen sin sanciones las cuentas del Gobernador podrían caer en el delito de coalición, tipificado en el Código Penal.
"Cometen el delito de coalición los servidores públicos que se unan tomando medidas contrarias a una ley, decreto o reglamento, para evitar su ejecución", detalla el Artículo 213 de este Código.
También se configura el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, tipificado en la legislación mencionada, advirtió Benítez.
Verde Cuenca afirmó que se pueden configurar los delitos de coalición, tráfico de influencias y demás que resulten. "De que se puede actuar se puede", dijo.
"Sólo tiene que haber voluntad política para actuar contra quienes se nieguen a sancionar las irregularidades".
El también abogado Olmo Guerrero señaló que, adicional al tema penal que pudiera configurarse, podría existir una responsabilidad administrativa al evadirse la fiscalización.
La Auditoría Superior del Estado es la encargada de fiscalizar las cuentas públicas y emitir un dictamen final, que es turnado al Congreso local para que las vote y, en su caso, avale al órgano de fiscalización para interponer denuncias penales.
La pasada Legislatura aprobó las cuentas públicas de la Administración de Medina del 2010, 2011 y 2012, esta última con anomalías por 14 mil 135 millones de pesos.
La cuenta pública 2013, que presenta irregularidades por 2 mil 158 millones de pesos, ya fue dictaminada por la Auditoría y se encuentra en el Congreso local para su aprobación o rechazo.
Y Congreso ya anticipa aval
La Comisión de Hacienda del Congreso local, con mayoría del PRI y sus aliados, propuso votar con "visión técnica" 72 cuentas públicas del Gobierno del Estado, argumentando que no contienen cuestionamientos económicos que impliquen un daño a la hacienda pública o al patrimonio.
Al instalar ayer la Comisión, el presidente de ésta, el Diputado priista Eugenio Montiel, dijo que las cuentas corresponden a los años 2008, 2011, 2012 y 2013 de la Administración estatal central o de sus organismos.
Las cuentas 2013 del Gobierno y sus organismos no pudieron llevarse al Pleno de la anterior legislatura luego de una convocatoria masiva para que los Diputados no acudieran y no completaran el quórum, ante cuestionamientos de que se pasarían por alto irregularidades.
Las observaciones hechas por la Auditoría a las cuentas estatales cayeron de 14 mil 135 millones de pesos en la cuenta 2012 a 2 mil 158 pesos en el 2013, lo que coincidió con la falta de un titular en el organismo fiscalizador.
"Vamos a imprimirle una visión técnica (a la votación de cuentas)", dijo ayer Montiel.
"Veámoslo con la razón y con los números en la mano y vamos a sancionar y a analizar y lo que tenga que revisar a la luz de los números".
Arturo Salinas, líder de la bancada del PAN, cuestionó el ofrecimiento del priista.
"Si fuera tan técnico el trabajo no llegarías en la primera sesión a decir: '¿Qué les parece si técnicamente desechamos 77 (sic) cuentas y ya no las revisamos?', cuando hay muchísima información pendiente.
"Los dictámenes y la auditoría no se hicieron de manera exhaustiva", expresó.
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