Abandona el Gobierno acervo de arte indígena

Mientras que funcionarios como el Canciller Marcelo Ebrard pugnan porque el Estado tutele y proteja los bienes que Fomento Cultural Banamex pondrá a la venta, la Administración actual ha sido incapaz de garantizar la seguridad de una de sus mayores colecciones, considerada de gran relevancia histórica por especialistas de arte popular.

La colección, formada originalmente para el extinto Museo Nacional de Artes e Industrias Populares (1951-1998), contiene lo más representativo del arte popular mexicano, en ramas artesanales como la alfarería, textiles, cestería, lacas y juguetería, entre muchas otras, con piezas que llegan a remontarse hasta el siglo 17. La fragilidad de muchas de estas obras demanda que sean almacenadas en un ambiente con condiciones microclimáticas estables, mismas que, como reconoce la comunidad otomí, no han podido procurarle porque no pueden entrar al lugar donde se encuentran resguardadas. Más aún, denuncian que han sido objeto de diversos cortes de luz en el edificio, el mayor de ellos de 8 días de duración, que detuvieron cualquier tipo de regulación del ambiente que el acervo pudiera tener al interior de la bodega. El INPI se ha desentendido a tal grado de sus bienes que incluso ha recurrido a dejar de pagar la luz del edificio, como corroboró este diario con el recibo del servicio de electricidad del inmueble, en el que ya se acumula un adeudo de 221 mil pesos, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. "Ellos nos quitaron la luz varias veces y las piezas necesitan las luces para que no se echen a perder, pero aquí duró más de una semana sin luz acá adentro, y pues nosotros no nos hacemos responsables de lo que le haya pasado a las piezas", señaló en entrevista Joaquina, integrante de la comunidad otomí que tomó el edificio. A pesar de que actualmente prepara una magna exposición que pretende "devolver el arte popular al Palacio de Bellas Artes", programada para este mes, la Secretaría de Cultura no pudo usar ninguna pieza del Acervo de Arte Indígena -salvo las que se encontraban fuera del inmueble- y tampoco ha fungido como intermediaria para proteger las piezas. En una administración cuyo discurso cultural ha girado en torno a la protección, defensa y difusión de los saberes y artes populares, el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México han renunciado a su responsabilidad sobre una de sus colecciones más valiosas. Mesas de diálogo o nada En la fachada del edificio que se ubica en el 343 de la Avenida México Coyoacán, Colonia Xoco, ya no queda rastro alguno de sus antiguos ocupantes.

Si acaso, un mensaje para ellos: "¡Aquí despachaba el traidor de los pueblos indígenas!". Donde antes se anunciaba la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ahora se lee "Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas 'Samir Flores Soberanes'", membrete flanqueado por un retrato del activista morelense asesinado que da nombre al edificio y por una muñeca otomí con una estrella roja del EZLN en el pecho. Colgada desde el último piso, una bandera tricolor conmemora los 25 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena con una consigna que se repite por todo el edificio: "No nos conquistaron". El 12 de octubre de 2020, tras numerosas visitas para exponer sus demandas, la Comunidad Otomí de la Ciudad de México decidió en asamblea que tomaría el edificio hasta que todas sus exigencias sean atendidas, resolución que ha permanecido inamovible desde entonces. Sus demandas más inmediatas, dirigidas al Gobierno de la Ciudad de México, son la expropiación de cuatro predios que ocupan desde hace más de dos décadas: Zacatecas 74, Londres 7, Guanajuato 200 y Calzada Ignacio Zaragoza 1434. "De esa fecha, a la actualidad, lo único que hemos logrado con las autoridades del Gobierno local, porque el federal ni se ha parado por acá, es que se haya hecho público el decreto expropiatorio de Zacatecas 74", señala Diego García Bautista, líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-Benito Juárez, que acompaña a la comunidad. En uno de los pisos superiores del edificio, los ocupantes han retirado el mobiliario de oficina, como los cubículos y archiveros, para acondicionar un espacio amplio para reuniones y conferencias de prensa. En medio del salón tapizado con pósters del EZLN y el Congreso Nacional Indígena, una comisión de la comunidad otomí, conformada por Anselma, Filiberto y Joaquina, informa sobre el estado del Acervo de Arte Indígena. La única noticia que tienen de éste, aseguran, les llegó a través del libro Arte y memoria indígena de México, editado en el 2014 por la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), antecedente del INPI, y que encontraron al revisar las oficinas. Anselma lee en voz alta de la página 222: "El espacio físico que alberga el Acervo de Arte Indígena es un área en el primer piso anexo del edificio de oficinas centrales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. "Se encuentra allí desde el 8 de enero de 2005, con espacios de resguardo con condiciones microclimáticas estables, según los diagnósticos realizados desde ese año: La temperatura promedio anual es de 19.9 grados centígrados, y la humedad relativa de 41 por ciento. En cuanto a iluminación, el Acervo de Arte Indígena tiene condiciones óptimas, ya que no hay entrada de luz natural y las luminarias existentes están protegidas con filtros ultravioletas e infrarrojos". Fue gracias a este volumen, y en particular a esos párrafos, según afirman los tres, que la comunidad descubrió que en las instalaciones que ocupan desde el 2020 se resguarda la colección de más de 20 mil objetos. Su sorpresa fue mayor, explican, cuando comenzaron a padecer cortes de luz, aun a sabiendas de que la colección necesita de ella, como se describe en el libro, para poder conservarse.

"Han habido amenazas en donde nos quieren quitar la luz y el agua. Hay que ver esa situación: ¿cómo nos la van a quitar sabiendo que se supone que está aquí el arte indígena?", cuestiona Anselma. "Como hemos leído en los libros, dice que son muchas esculturas, mucho arte de los pueblos indígenas, pero que aun así, ellos (las autoridades) ni siquiera han revisado, porque también hay peligro en eso, pero ni siquiera ellos han tenido esa preocupación de venir a atender, o que nos digan cómo hacerlo, porque nosotros aquí estamos alarmados, porque nadie nos asegura que con esas cosas vaya a pasar después algo", abunda. Joaquina relata que, en el año y tres meses que llevan ocupando el inmueble, han tenido ya diversos cortes de luz, por lo que han decidido deslindarse por completo de lo que haya podido pasarle al acervo. "Nosotros no nos hacemos responsables de cómo estarán las piezas porque sí nos quitaron varias veces, no nada más una vez, un mes nos duró ocho días, y la otra vez nos duró tres días, o sea que fueron varias veces que nos quitaron la luz, por eso nosotros queremos dejar eso en claro: nosotros no nos hacemos responsables porque el mismo Gobierno manda a que nos quiten la luz", reclama. Joaquina, quien atiende la mesa de venta de artesanías situada afuera del edificio, asegura que sólo un par de veces se han presentado empleados del INPI a preguntar si el acervo sigue ahí, pero sin darle seguimiento o pedir el ingreso a verificar. La desatención del instituto, que encabeza el activista Adelfo Regino, llegó a tal punto que incluso ha resuelto dejar de pagar la luz del edificio, con todo el riesgo que esto implica para el bienestar del acervo. Para sustentar esta afirmación, Filiberto muestra un recibo de la Comisión Federal de Electricidad en el que se solicita un pago de 152 mil 213 pesos, a raíz de 2 adeudos acumulados, con una orden ya expedida para la suspensión del servicio en caso de no pagar.

Grupo REFORMA verificó el estado actual de la deuda y, hasta el 6 de enero de 2022, había ascendido ya a 221 mil 24 pesos. "Yo creo que a las autoridades correspondientes no les interesa, porque desde el primer día tenían que venir y hablar, dar solución a esta problemática y la mera verdad no lo van a hacer; yo creo que no les interesa", acusa Filiberto. "A cualquier instituto que le interese, hay que buscar los mecanismos, el enlace, el contacto para dar solución a esto, porque en un año y tres meses estamos en el olvido, como más de 20, 30 años, allá afuera", apunta. En el primer piso del edificio, el acervo permanece sellado, según asegura la comunidad otomí, completamente bajo llave. Una de las puertas, la que da a la escalera de servicio, fue atrancada desde adentro con estantes que imposibilitan el paso, además de que el marco de la puerta ha sido completamente sellado con cinta. A través de la puerta de cristal se observan piezas de cerámica y textiles que permanecen en completa oscuridad, visiblemente cubiertos de polvo. Del otro lado, en la parte a la que se ingresa desde las oficinas, la puerta no ha sido sellada con cinta, pero se encuentra inaccesible, detrás de una barra atravesada que impide el paso a un espacio lleno de cajas y cubierto con una cortina azul.

De acuerdo con la comunidad, jamás han ingresado al área de almacenamiento para operar los controles de humedad y temperatura, por lo que el acervo llevaría un año y tres meses sin atención especializada. Curadores y especialistas de arte popular han levantado alarmas porque la comunidad ha realizado actos en los que incendiaron papelería del INPI y pusieron a la venta artesanías que, aseguran ellos, únicamente tomaron de las oficinas y no del acervo. Ante esto, los ocupantes declaran que ninguna pieza de la colección ha sido sustraída y vendida. "Lo que encontramos aquí en el INPI fue muchísima artesanía que los funcionarios, trabajadores y directores del instituto recibían como paga, favor, o simplemente como un presente que le entregaban a los funcionarios", justifica García Bautista. "Más allá de vender la artesanía, lo que encontramos acá dentro, y lo denunciamos en su momento, tiene que ver con que encontramos una gran cantidad de alcohol.

Decíamos 'esto no es un instituto nacional de pueblos indígenas, esto es una cantina'; no había escritorio, oficina, que no tuviera una cantidad considerable de alcohol, muchísimo mezcal, aguardiente, eso es lo que le daban, regalaban, a esos funcionarios", ahonda. La ruta para destrabar el conflicto, plantean, es que se reanuden las siete mesas de diálogo que propusieron desde el inicio de la toma del inmueble, de las cuales se llevó a cabo sólo una y que después fueron abandonadas. Asimismo, denuncian que el contacto con las autoridades capitalinas se rompió cuando José Alfonso Suárez del Real dejó la titularidad de la Secretaría de Gobierno a Martí Batres, quien, dicen, nunca los ha recibido. La demanda de la expropiación de los predios se suma a las del Congreso Nacional Indígena para detener los megaproyectos del Gobierno federal como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucia, además de una demanda de atención al pueblo del que es originaria la comunidad otomí, Santiago Mexquititlán, Querétaro. Sólo a través de la reactivación de las mesas, emplazan, dejarían a alguien pasar a revisar el acervo.

"Sí (lo permitiríamos), pero no es tan sencillo. Para que eso pueda suceder, tiene que atenderse una mesa de diálogo, de todas las siete, y ahí había una mesa que hablaba sobre el tema de cultura", toma la palabra García Bautista. "Tampoco vamos a permitir que venga cualquier hijo de vecino y quiera entrar; no, definitivamente no. Si esto pertenece a los pueblos y comunidades indígenas originarias de este País, o más allá de nuestras fronteras, vamos a velar porque esto se ponga a la luz y a la disposición del pueblo de México y el mundo", concluye. Mientras tanto, el Acervo de Arte Indígena permanece desatendido, sin luz, control de humedad y temperatura, a la espera de una negociación con el Gobierno que permita su conservación.